Empresarios españoles que asisten a un seminario sobre inversiones en la isla piden que se oculten sus nombres

La ley Helms-Burton no ha entrado aún en vigor, pero ya inspira miedo. Buena parte de los 80 hombres de negocios españoles que asistieron ayer a un seminario sobre la nueva legislación norteamericana que prevé sanciones para los ejecutivos y sus empresas que "trafiquen" con antiguas propiedades estadounidenses en Cuba pidieron que no se desvelaran sus nombres.Por eso no se distribuyó una lista de participantes en el acto que se celebró en Madrid, en la Casa de América, explicó Gareth Jenkins, presidente de Cuba Business, la sociedad de consultoría que organizó el coloquio, patrocinado por la edición internacional de EL PAÍS e Iberia y al que asistieron funcionarios de EE UU y de Cuba.

El temor de los hombres de negocios que solicitaron permanecer en el anonimato parece fundado. "Han llegado insistentes rumores a la Comisión Europea de que American Express está retirando tarjetas de crédito a empresarios que invierten o comercian con Cuba", afirmó Eric Hayes, que intervino en el acto en nombre de esa institución.

Octavio Castilla, viceministro cubano de Inversión Extranjera, quiso ser apaciguador. Un estudio preliminar de las autoridades cubanas pone de relieve, precisó, que "es muy pequeña la inversión extranjera que pudiera ser objeto de litigio" y dar lugar a sanciones por parte de la Administración de EE UU. Estimó además que desde 1962 el embargo norteamericano ha costado a Cuba 45.000 millones de dólares (5,7 billones de pesetas).

Juan Arenas, presidente del Comité empresarial hispano-cubano, abundó en el mismo sentido. "La aplicación de la ley es tan compleja que veo difícil que entre en vigor en agosto", afirmó. Reconoció, no obstante, que para las empresas españolas que invierten en la isla, la ley "supone un factor de riesgo adicional". La inversión española acumulada en Cuba rebasa los 10.000 millones de pesetas.

Para reducir ese factor riesgo el abogado Hermenegildo Altozano señaló que, por razones políticas y jurídicas, "sería deseable que España adoptara una legislación de contenido similar a la aprobada por Canadá y el Reino Unido", para proteger a sus inversores de la extraterritorialidad de leyes norteamericanas.