Desenterrar el terror sepultado

En Afganistán, el 78% de la tierra cultivable no se aprovecha; en Angola, el 60% del territorio es considerado peligroso; en la mitad meridional de Sudán, la agricultura está paralizada; en Mozambique, ninguna carretera importante es practicable; Camboya importa cada año 200.000 toneladas de arroz porque en buena parte del país no se pueden pisar los antiguos arrozales. Ciento diez millones de minas antipersonales activas esparcidas por 64 países, casi todos del Tercer Mundo, dificultan la actividad económica.Los perjuicios económicos son, sin embargo, poca cosa comparados con los sufrimientos humanos, sobre todo entre los civiles. En Camboya, uno de cada 236 habitantes ha sufrido una amputación por la explosión de una mina; en Angola hay 70.000 heridos por este motivo y cada semana se añaden a la lista entre 150 y 200 más, la mayoría niños; en el mundo, el número de víctimas de esos artefactos se eleva cada semana a unas 2.000.

La catástrofe va en aumento. La ONU calcula que 1994, último año con cifras disponibles, fueron colocadas otros dos millones de minas mientras que sólo pudieron ser localizadas y desactivadas ese mismo año unas 100.000. Bien es verdad que fabricar una mina sencilla cuesta menos de 400 pesetas, pero eliminarla supone un gasto de hasta 40.000 pesetas.

Para tratar de reducir las proporciones del desastre se inicia el lunes en Ginebra la tercera y última reunión de la Conferencia de Revisión de la Convención de Armas Dañinas de 1980, a la que asisten 54 Estados, entre los que figuran todos los occidentales, excepto Portugal, los de Europa del Este y Rusia y varios pesos pesados del Tercer Mundo, como China, la India y Pakistán. Otros fabricantes de minas, como Perú, no participan en la negociación. Antes del 3 de mayo deberían alcanzar un acuerdo, pero, a juzgar por las posiciones de partida, éste corre el riesgo de Ser de mínimos.

Modestos avances

En las dos anteriores sesiones se han logrado algunos modestos avances. Hay prácticamente consenso para que las minas antipersonales que se lanzan sean detectables. Ello implica que deben llevar una pieza de metal que dé una respuesta magnética de al menos 8 gramos de hierro, lo que permite localizarlas incluso en los terrenos más húmedos. Hay también un acuerdo de principio para que las nuevas minas se autodestruyan, mediante una explosión, a los 30 días de su instalación, o se autodesactiven al cabo de cuatro meses porque se les acaba la pila. La combinación de ambos mecanismos garantiza al 99,9% que una mina deja de funcionar a los 120 días de su coloca ción. Los artefactos con una vida -superior a ese plazo sólo podrían emplearse en campos marcados.

El gran obstáculo para poner en práctica este compromiso se llama China. Tiene nada menos que ocho millones de minas almacenadas, además de las esparcidas por sus fronteras con la antigua URSS y con la India, y le resulta excesivo el coste de modernizarlas. De ahí que pidiese plazos de transición, hasta la entrada en vigor de la nueva convención, de 25 años, rebajados luego a menos de diez.

Pekín sí acepta, en cambio, que las minas no detectables o viejas, sin mecanismos de autodesactivación, queden prohibidas a la exportación en cuanto esté acordada la nueva convención y ni siquiera haya sido firmada por los que la negociaron. Se seguirá así la pauta marcada por EE UU y la Unión Europea. Los Quince aprobaron en mayo pasado una moratoria de sus ventas de esas armas primitivas al extranero y de todo tipo de minas, incluidas las más avanzadas, a países no firmantes de la convención de 1980.

China ha encontrado, además, aliados en el Tercer Mundo para oponerse a las inspecciones in situ porque supondrían, según ese grupo de países, "injerencias en sus asuntos internos". "Quiere evitar. a todo trance que expertos rusos visiten sus instalaciones", comenta un diplomático español. EE UU ha propuesto un compromiso que permitirá hacer verificaciones sólo si las acepta el Estado incrirninado.

La negociación que se inicia, en Ginebra puede, no obstante, dar un vuelco si el presidente Bill Clinton es sensible a los llamamientos que surgen en su país y se suma al Comité Internacional de la Cruz Roja y al grupo de 24 países occidentales -entre los que figuran los escandinavos, Canadá, Austria, Bélgica, Uruguay- que abogan por la abolición de las minas antipersonales. Algunos, como Holanda, han predicado con el ejemplo anunciando que no volverán a utilizarlas y que destruirán las que tienen almacenadas.

Movilización en EE UU

En febrero, Clinton ya dio un primer paso tímido al firmar una moratoria, que entrará en vigor en 1999, en el empleo por sus Fuerzas Armadas de algunos tipos de minas antipersonales. Desde entonces se ha recrudecido, sin embargo, la movilización alentada por los riesgos que los tres millones de minas enterradas en Bosnia hacen correr a los soldados norteamericanos allí destinados.La presión alcanzó su cenit cuando, a finales de marzo, un grupo de 15 almirantes y generales jubilados, entre los que figuraba Norman Schwarzkopf, el vencedor de la guerra del Golfo, escribió una carta abierta a Clinton urgiéndole a renunciar definitivamente a esas armas cuando se reanude la negociación en Ginebra.

El Gobierno español ha adoptado una posición en consonancia con los grandes países europeos (Francia, Reino Unido, Alemania, etcétera). Considera que las minas siguen siendo un arma legítima y, si se utilizan según las normas del derecho internacional, no tienen por qué causar daños humanitarios devastadores, según fuentes diplomáticas.

España fabrica y exporta minas, pero su Ejército no las ha desplegado en ninguna frontera, aunque hay planes secretos para colocarlas, en caso de crisis, en los límites de Ceuta y Melilla para defenderlas de un posible ataque marroquí. Rabat es, para los militares españoles, un motivo de preocupación porque no ha firmado la anterior versión de la Convención ni suscribirá la próxima.