Mil millones de miseria

Durante los años de 1987 y 1988, una parte estimable del pueblo granadino de Pinos Puente percibía las 180.000 pesetas anuales del subsidio de desempleo agrícola, una cantidad insuficiente, casi miserable. Sin embargo, tenía una ventaja: se podía obtener sin grandes esfuerzos. La firma del alcalde, el socialista Juan Ferrándiz, y 9.000 pesetas, el equivalente a la cuota de cotización al régimen especial de la Seguridad Social, eran la garantía para su percepción. Se apuntaron muchos: los que, para su mal, podían probar el mérito de la pobreza y otros para quienes un discreto sobresueldo los afianzaba en el límite de la dignidad.Pero, como los beneficiarios eran numerosos, en poco tiempo cobraron de manera fraudulenta, según el Estado, cerca de mil millones de pesetas, la cifra más alta lograda por un municipio por semejante concepto. La generosa rúbrica de ciertos regidores fue, según los tribunales, un vicio reprobable que acabó en 1991. Hoy, cinco años después, las cifras de marginación y paro se mantienen intactas en Pinos Puente, las normas para obtener el subsidio son más férreas y el ex edil y sus colaboradores se enfrentan a penas de cárcel que oscilan entre los 11 y los 8 años.

Pinos Puente tiene, en efecto, un puente de piedra y 6.000 parados sobre una población de 14.000 habitantes. De ellos, unos 1.200 sobreviven en un estadio de la menesterosidad por debajo de los márgenes soportables. Sin embargo, según su alcalde actual, Juan Agudo (IU-Los Verdes), ninguna de estas cifras basta para explicar por qué el supuesto fraude en el subsidio contabilizado por la Seguridad Social es el mayor de toda Andalucía y Extremadura, los dos comunidades autónomas donde el Estado aplicó la ayuda del Plan de Empleo Rural (PER).

Aunque se halla bastante próximo a Granada, Pinos Puente no goza de la prosperidad que el urbanismo ha generado en otras localidades del cinturón. Tampoco es rural, pues, aunque el término municipal es grande -alrededor de cien kilómetros cuadrados-, la tierra cultivable es reducida.

Así, buena parte de la población tiene que desplazarse a trabajar a la capital de la provincia. Las mujeres, casi siempre, como empleadas de hogar. El comercio y los restaurantes de carretera son el sector económico más próspero, ya que no hay industria y la actividad de la construcción es moderada.

En realidad, el pueblo está dividido entre la vida rural y la vida urbana y aún no se ha decidido por ninguna. El propio Agudo reconoce una estimable diferencia entre Pinos Puente y los cinco núcleos de población, Casanueva, Zujaira, Valderrubio, Fuensanta y Trasmulas, donde se concentran las escasas talreas agrícolas, que se encuentran sometidas, además, al albur caprichoso de las cosechas.

"Yo no hablaría hoy de jornaleros, sino de desempleados rurales", advierte Agudo. En 1987, todos los receptores del subsidio debían ser legalmente jornaleros, pero, como no había trabajo, las listas se fueron incrementando con parados indefinidos cuyo objetivo era lograr las 180.000 pesetas más allá de cuál fuese su calificación profesional. Cuando se, aireó el fraude de las peonadas, aparecieron parientes de concejales entre los perceptores. Una de las personas juzgadas en Granada era secretario del Campo de Comisiones Obreras (CC OO) y, si se cree al fiscal, disponía de vehículo propio y de un inmueble.

Pero junto a ellos había, en efecto, cientos de individuos y de amas de casa carentes de trabajo, al margen de que fueran o. no mano de obra agrícola.

Individualmente, 180.000 pesetas al año tampoco es una cantidad como para enriquecerse. ¿Se debía ser meticuloso y afrontar el riesgo de dejar sin subsidio a familias humildes? Las autoridades de Pinos Puente no fueron cicateras y montaron una oficina para tramitar su cobro. No pusieron trabas y, sumando y sumando aquellos discretísimos dineros, llegaron hasta los casi mil millones.

"Hay que mantener el PER", afirma un dirigente del PSOE, "igual que en Hunosa se mantiene la mina y en Cataluña las ayudas a los parados de la industria. Es justicia social".