Los trabajadores de Intelhorce tramitan una nueva sociedad

Los ex empleados de General Textíl España, antigua Intelhorce, iniciaron ayer el proceso de tramitación de la nueva sociedad para reflotar la factoría malagueña sin conocer todavía si la entrada de la Junta de Andalucía en el accionariado será autorizada por la Unión Europea, institución que debe pronunciarse sobre la legalidad de la participación de la Administración autonómica y del consistorio de Málaga en la operación.,Los 523 trabajadores de Intelhorce que optaron por seguir en la fábrica tras el proceso de bajas incentivadas y prejubilaciones han comenzado a recoger, en la sede provincial del sindicato UGT, las credenciales para la asamblea constituyente de la nueva empresa que se celebrará el próximo 19 de marzo. Tanto CC OO como UGT, a pesar de los recelos que la participación pública en el accionariado parece haber despertado en la Dirección General de la Competencia de Bruselas, confían en que al final la Unión Europea autorice la operación, ya que consideran que la nueva sociedad no tiene relación alguna con General Textil España, una empresa propiedad de Patrimonio del Estado que desapareció y se ha liquidado después de suspender pagos.

Ambas centrales -una vez que lograron que la Junta y el Ayuntamiento de Málaga rubricaran un documento donde se comprometen a adquirir el 47% y el 2%, respectivamente, de las acciones- han encargado a un economista y a un abogado la constitución de esta nueva sociedad, a la vez que han puesto en marcha el proceso para conocer cuántos de los trabajadores mantendrán su compromiso de adquirir su parte de accionariado hasta completar el 51% que debe asumir la plantilla. -

La ausencia de comprador privado y el hecho de que los ex empleados de Intelhorce se conviertan ahora en accionistas trastoca los planes iniciales. Los trabajadores, que obtuvieron entre 7,5 y 15 millones de pesetas de indemnización tras el cierre de la fábrica, se habían comprometido a aportar un 20% de estas cantidades percibidas al grupo industrial que se hiciera cargo de la factoría, pero en concepto de préstamo. Ahora, deberán asumir parte del riesgo de la operación entregando en tomo a un 1.100.000 pesetas cada uno, siempre que todos mantengan su intención de participar en el accionariado.

Josefa Granados, secretaria de la federación del textil de CC OO, explicó ayer que "se ha optado por una cantidad igual para todos, ya que un porcentaje sobre las indemnizaciones hubiera implicado que unos trabajadores tuvieran más acciones que otros, ya que el dinero recibido no fue igual para todos".