Pensiones futuras

DESDE 1993 al menos existe un diagnóstico claro sobre el futuro de las pensiones públicas. Pero el tiempo pasa y los que tienen que aplicarlo -Gobierno y Parlamento- no acaban de decidirse. Los políticos dan por supuesto, como si se tratara de un dogma de fe, que ese futuro está asegurado. En cambio, los expertos -financieros, económicos, sociológicos...- son mucho más escépticos respecto a la suerte que puedan correr las pensiones públicas dentro de muy pocos años. Sin rechazar de plano su viabilidad, la hacen depender de manera muy directa de la capacidad que muestre el sistema para reformarse. En cualquier caso, todos ellos, incluso los más entusiastas del sistema público de pensiones, están de acuerdo en que las reformas que se hagan deben hacerse cuanto antes.En ese sentido se pronuncia también el informe que acaba de hacer público la Fundación BBV sobre pensiones y cobertura de desempleo. El mensaje que trasluce dicho informe es que ha pasado el tiempo de hablar y que es el momento de obrar y proceder a las reformas que garanticen la viabilidad financiera del sistema público de pensiones durante los próximos decenios. El análisis adelantado el otoño pasado pone sobre la mesa uno de los temas primordiales en la próxima legislatura y que, sin embargo, se ha hurtado a los ciudadanos en el transcurso de la campaña electoral. Pero el próximo Gobierno, sean cuales sean su signo y fortaleza, deberá contar con el apoyo unánime de las fuerzas políticas para, abordar ese asunto, de capital importancia para los ciudadanos. El Pacto de Toledo, consensuado por las fuerzas políticas, consagra la pervivencia del sistema público de pensiones, al tiempo que abre todo un abanico de posibles medidas para su reforma y señala el camino que ha de seguirse para garantizar su futuro.De ello deben ponerse a hablar cuanto antes las fuerzas Políticas y tomar las decisiones pertinentes. El pacto político sobre las pensiones aboga Por introducir criterios de mayor equidad y proporcionalidad en el actual sistema (equiparación de los años cotizados, ampliación del periodo exigible para calcular la pensión, retraso voluntarío en la edad de jubilación, control del fraude ... ). Pero si se espera demasiado tiempo es posible que esas medidas lleguen tarde. Cualquiera de ellas necesita un periodo largo de aplicación y no alcanza plenos efectos antes de 10 o 15 años.

El informe del BBV, como el que a finales del año pasado presentó el Ministerio de Trabajo, apuesta claramente por el modelo actual, público y de reparto, en el que las cotizaciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los pasivos. Descarta, pues, la alternativa de un modelo privado y de capitalización al estilo chileno, en el que cada cotizante se asegura con su ahorro su pensión futura. Es cuestión de filosofía política, pero también de coste económico. El cambio de un sistema a otro costaría, según el Ministerio de Trabajo, 145 billones de pesetas, y según la Fundación BBV, 150 billones; es decir, 2,5 veces el PIB tomando como base el año 1993. Pero es que además, según una encuesta que muestra ese mismo informe, el 59% de los encuestados prefiere un sistema público. Sin embargo, el dato más sorprendente es el convencimiento de más de la mitad de los españoles de que las pensiones pueden verse reducidas o incluso suprimidas. Si la población es tan consciente del problema, ¿cómo y por qué son tan lentos los políticos en abordarlo?

Los diferentes estudios publicados hasta ahora -además de los ya citados, el dirigido por José Antonio Herce y Víctor Pérez-Díaz y publicado por La Caixa- difieren en poner fecha al momento crítico del sistema actual de pensiones y en la gravedad del déficit esperado, pero todos ellos auguran un desequilibrio financiero que puede ahogar uno de los pilares del atado de bienestar. Responsabilidad de todos es conseguir sacarlo a flote, porque ese Estado, construido en muy pocos años -en el periodo 1980-1994, el gasto social aumentó su participación en el PIB en 5,4 puntos porcentuales-, está todavía lejos de otros del entorno.