Dimite el jefe del Ejército colombiano por presunta vinculación al narcotráfico

El general Camilo Zúñiga, comandante de las Fuerzas Armadas, renunció ayer de forma irrevocable a su cargo. Aunque ha aducido motivos personales, en Colombia se sabe que detrás de esta dimisión, largamente anunciada, se esconde otra historia. Zúñiga no era visto con buenos ojos por Estados Unidos. En varias ocasiones, los medios de comunicación colombianos han dado por cierto que el hasta ayer jefe supremo de las Fuerzas Armadas era uno de los cinco oficiales a los que el Gobierno estadounidense les pensaba retirar el visado por supuestos vínculos con el narcotráfico.Según la revista Semana, una de las más importantes del país, ya en noviembre del año pasado las autoridades norteamericanas le hicieron saber al ministro de Defensa colombiano que existía "cierto grado de desconfianza en algunos de los más altos oficiales de las Fuerzas Militares".A finales de febrero, días antes de que el Ejecutivo de Bill Clínton sancionara económicamente a Colombia por no hacer suficientes esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, los rumores sobre el retiro del general crecieron. Según Semana, el mismo presidente Ernesto Samper le pidió la renuncia y le sugirió que lo hiciera por motivos personales. La razón era clara: Zúñiga no podía retirarse por presión de EE UU, pero tampoco podía quedar como comandante de, las Fuerzas Armadas un general sin visado de ese país.

Zúñiga aceptó la fórmula presidencial para su salida digna pero cuando todo estaba preparado el Gobierno filtró la, noticia, los generales se alarmaron, fijaron una reunión de: urgencia con presidente incluido y de ésta salió Zúñiga fortalecido con el apoyo de todo el alto mando. Días después fue designado ministro encargado de Defensa durante el viaje que el titular realizó a España.

El general Camilo Zúñiga comandaba uno de los dos grupos que han surgido en las filas de las Fuerzas Armadas a raíz de la crisis política que vive el país: el bando de los que apoyan incondicionalmente al presidente Samper. El otro bando lo dirige el general Harold Bedoya, comandante del Ejército: En este último están los que apoyan la institución presidencia¡, no al presidente.

Samper nombró ayer al almirante Holman Delgado nuevo comandante de las Fuerzas Armadas. Es la segunda vez que un oficial de la Marina ocupa el más alto cargo de las Fuerzas Armadas del país.Paro empresarial

Los cambios en la cúpula militar tuvieron lugar al final de una jornada marcada por un acalorado debate. Se generó por la propuesta de un paro empresarial. La idea surgió a finales de la semana pasada del empresario conservador Germán Holguín, presidente del comité empresarial del valle del Cauca, provincia cuya capital es Cali. De inmediato recibió apoyo de algunos sectores y de algunos personajes como la aspirante a la presidencia Noemí Sanín. Pero fue el editorial de El Tiempo, uno de los más influyentes periódicos del país, y la voz de algunos congresistas los que echaron fuego al debate. Los opositores a la idea plantean que la democracia colombiana tiene mecanismos legales y constitucionales para salir de la crisis y acusan a los promotores del paro de llamar a la desobediencia civil.

El presidente terció en el debate. "Se están generando crisis inexistentes en el sector económico colombiano`, afirmó en una entrevista a la cadena de radio Caracol. Por ello pidió reflexionar a los promotores del paro, de manera serena.

En la entrevista, de más de 25 minutos, el presidente se mostró partidario de la llamada "ley de punto final". Esta propuesta apoyada también por el Nobel Gabriel García Márquez, se baraja como una de las posibilidades para que el país no se ahogue en el caos. Según Samper, la ley de punto final servirá para "evitar al país mayores consecuencias negativas a las ya causadas por el narcoescándalo".

Para García Márquez la crisis moral de la clase política colombiana es el más grave problema de la nación; un problema tan grave que requiere salidas extraordinarias como la de la ley de punto final. La idea es ofrecer el perdón y el olvido a los numerosos políticos implicados en el escándalo. Esto, a cambio de su retirada definitiva de la vida pública.