Impunidad y verdad

"La impunidad deja a la sociedad sin horizonte ético y es madre ¿le la corrupción". Laura Bonaparte (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora) presentaba con estas palabras un llamamiento de Amnistía Internacional (Al) por el derecho a la verdad en América Latina. Resumía el sentimiento (le miles de familiares y amigos de víctimas de crímenes sin esclarecer y sin castigo.En la reparación por violaciones de derechos humanos existen tres elementos: verdad, justicia y compensación. AI se opone, en consecuencia, a todas las medidas que impidan alcanzar esos tres objetivos, y exige que se reconozca el derecho a saber la verdad.

Sin embargo, la realidad en la mayoría de los países americanos contradice ese principio: desde la Ley de Amnistía de junio de 1995 en Perú, a las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) en Argentina -a las que se sumaron los indultos presidenciales en 1989 y 1990-, pasando por la Ley de Caducidad en Uruguay (1986), la legislación sobre desapariciones aprobada en Brasil en 1995, que reconoce el derecho a la compensación, pero limita la investigación de los casos, o la Ley de Amnistía de El Salvador (1993), sin olvidar los miles de casos que han quedado exentos de castigo en Colombia o México.

La impunidad se muestra, además, como una amenaza para el presente y el futuro de los derechos humanos: alienta a los responsables de su violación.

El debate sigue vivo en las sociedades americanas. Varios países, como Chile, Colombia, Honduras y Guatemala, viven en estos momentos debates cruciales sobre el futuro de las investigaciones.

En Chile, varios proyectos de ley amenazan con cerrar todos los procedimientos legales por violaciones de derechos humanos. Uno de ellos, llamado Figueroa-Otero, evitaría los procesamientos, restringiría las investigaciones judiciales a la localización de los restos de los desaparecidos, garantizaría el secreto total para estas investigaciones y permitiría que se archivaran los casos.

En Colombia, la impunidad casi total sobre los miles de casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones ocurridas durante los últimos años puede apuntalarse en virtud de la reforma del código penal militar en discusión.

Un interesante capítulo de la lucha contra la impunidad se está desarrollando ahora en Honduras, donde las autoridades adoptaron durante 1995 medidas encaminadas a poner por primera vez a responsables de violaciones de derechos humanos a disposición de la justicia, en un país donde al menos 184 personas desaparecieron en los años ochenta.

La Corte Primera de Apelaciones determinó el pasado 5 de junio la aplicación de las leyes de amnistía a 10 militares acusados por la Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Público. Pero la Corte Suprema de Justicia rechazó dicha decisión, considerando que la Corte de Apelaciones se había sobrepasado en sus funciones.

La impunidad deja a las sociedades no sólo sin castigo, sino sin la verdad. Pero ésta es tozuda, y pese a todo se abre camino.

La lucha sigue

Durante el I Seminario sobre la Impunidad en América Latina, celebrado entre los pasados días 14 y 16 en Madrid, se insistió precisamente sobre este punto: el proceso sobre las violaciones de derechos humanos en América Latina sigue abierto.

Laura Bonaparte sabe mucho sobre eso. En octubre de 1978 publicó una carta en EL PAÍS en la que relataba la desaparición de su marido, tres hijos y sus respectivos compañeros; carta utilizada por Julio Cortázar para un cuento incluido en su colección Queremos tanto a Glenda.

Desde entonces, pese a leyes e indultos, ha ido conquistando trozos dé aquella abominable verdad; cadáveres aparecidos, asesinos identificados... Incluso hoy sigue batallando para impedir que las excavadoreas remuevan un terreno de un campo militar que se sospecha que fue utilizado como fosa común, en la que podrían encontrarse los restos de algunos de sus seres queridos.