El reto es reformar una Justicia lenta y deficiente

BONIFACIO DE LA CUADRA Es una cuestión de prioridades. Tanto en el ámbito presupuestario como en el de las opciones políticas, la propuesta de agilizar y modernizar una Administración de Justicia que sigue funcionando con esquemas procesal s decimonónicos, oficinas cochambrosas y funcionarios judiciales aislados entre sí, depende de la concepción que se tenga de esas prioridades.

Durante los primeros años del mandato socialista aumentaron las dotaciones económicas para la justicia y se duplicó el número de jueces. El programa del PSOE para las elecciones del 3 de marzo próximo parte de las reformas legislativas de la Administración de Justicia realizadas en esa primera etapa y del "aumento de medios personales y materiales", y se dispone a abordar, dice, "la reforma cualitativa", al frente de la cual sitúa las reformas procesales, la creación de los juzgados unipersonales contencioso-administrativos y un nuevo diseño de la oficina judicial.

El orden sería coherente si la Promesa de una reforma procesal no fuera repetitiva respecto a anteriores legislaturas y la propuesta de una nueva oficina judicial no recordara demasiado trabajos avanzados, realizados por los socialistas en los. años ochenta, desde la época de Fernando Ledesma como ministro de Justicia. La realidad ha sido que leyes tan importantes como el Código Penal o la del Tribunal del Jurado han desplazado la prioridad de las reformas procesales, decisivas, según todos los partidos, para mejorar la situación de la justicia.

Es cierto que el Ministerio de Justicia e Interior todavía tuvo tiempo de sacar adelante leyes como la de Asistencia Jurídica Gratuita y de Protección al Menor, de importante incidencia sobre la prestación del servicio judicial,_ o de otras, más marcadas por la coyuntura política, como la que crea la Fiscalía Especial Anticorrupción.

Mientras tanto, la jurisdicción contencioso-administrativa, la que somete la actuación de las diferentes administraciones públicas al control del poder judicial, experimenta atascos crecientes que alcanzaban a principios de 1996 un total de 188.229 asuntos pendientes en las 17 comunidades autónomas, unos 27.000 más que en esa misma fecha de 1995.' ¿Qué pasó durante 1995? En ese año, las salas competentes de los respectivos tribunales superiores de justicia resolvieron 84.849 asuntos, ¡pero ingresaron 111.358! Como Aquiles y la tortuga, los casos resueltos no superarán jamás los pendientes mientras no se rompa la ecuación y sean creados y dotados los juzgados unipersonales, primera instancia que permitirá desatascar las salas.

La prioridad que una vez más concede el PSOE a las reformas procesales no merece mucha credibilidad. Pero el planteamiento que hace el PP de regresar a un Consejo General del Poder Judicial con 12 vocales jueces elegidos entre sus colegas y un reforzamiento del autogobierno, no complementado con un aumento de la responsabilidad de los jueces, tampoco ofrece esperanzas de mejora del servicio judicial.

Por su parte, el programa de IU, con una visión más pegada a los intereses ciudadanos, se pierde en proclamaciones discursivas e incurre en la acronía de reclamar leyes que ya se encuentran en el Boletín Oficial del Estado. Por su parte, los nacionalistas CiU y PNV, que en algunos aspectos son pioneros de la reforma judicial en las competencias que tienen transferidas, muestran una especial preocupación por el peso de las comunidades autónomas sobre el órgano de gobierno del poder judicial.