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CUMBRE DE MADRID

La UE fija un calendario para ampliarse a los países del Este desde el año 2000

El Consejo Europeo de Madrid se cerró ayer con un optimismo rampante por haber decidido el nombre de la moneda única, euro, y el calendario de su ampliación hasta el 2002. "Es un éxito importante", resumió el presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer. Cuando los 15 jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea (UE) todavía flotaban entre los vapores de su digestión, un inesperado logro se unía al principal: el acuerdo que define el calendario para la ampliación a los países del Este. Éste permitirá que las primeras adhesiones de los 11 candidatos se produzcan el año 2000.

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El anfitrión de la cumbre, Felipe González, dedico, sus mejores energías a destacar que el avance en la moneda única no es contradictorio con el fomento del empleo, sino al contrario. Esta contraposición "es frecuente y ligera". "Es un disparate", replicó el ministro español de Economía, Pedro Solbes.Convergencia económica y creación de empleo, al contrario, tienen relaciones de "causa a efecto", sostuvo Felipe González, porque "la estabilidad macroeconómica es condición [no suficiente] del crecimiento duradero" y por tanto de la creación de empleo. "La Comisión Europea no crea [empleos], los generan las políticas de los Estados y sus sociedades", añadió Jacques Santer. Y así, todos los demás.

A la celebración y exégesis del euro se le unió enseguida la segunda noticia clave de la cumbre: el calendario indicativo para la ampliación de la UE a los países del Este europeo. Nadie esperaba gran cosa en este capítulo.

González se había mostrado testarudo en su gira por las capitales europeas en ligar las adhesiones del Este a las de Malta y Chipre, cuyas negociaciones formales empezarán "seis meses después de concluida" la Conferencia Intergubernamental (CIG), que debe reformar el Tratado de Maastricht.

El presidente del Gobierno español enarbolaba el "imperativo moral" de acoger a los ex satélites de Moscú, la conveniencia de estabilidad y seguridad continental y, silenciosamente, el interés de España en no aparecer como un obstáculo a la ampliación, sino como uno de sus más firmes abanderados.

Pero se estrellaba contra las malas vibraciones de sus colegas. Unos, los holandeses, objetaban que antes de adoptar calendarios había que acordar los nuevos paquetes financieros que respalden la Unión ampliada. Otros, los alemanes, habían moderado sus ímpetus ampliadores de hace unos años y querían establecer dos divisiones: en la primera estarían sus vecinos, Polonia, la República Checa y Hungría. Atrás, los otros.

Tanto el canciller alemán, Helmut Kohl, -en privado-, como su ministro de Exteriores, Klaus Kinkel -el viernes, ante sus colegas-, defendieron este doble y discriminatorio rasero. Más aún, sugirieron un veto a Chipre, por el problema turco, y el retraso en la absorción, de los países bálticos (Letonia, Estonia y, Lituania), porque eso irritaría a su vecina Rusia y pondría en peligro la seguridad continental. A Rumania, Bulgaria y Eslovaquia ni las mencionaban.

La Comisión argüía que no podía comprometerse a tener acabados en una fecha concreta sus preceptivos dictámenes (exámenes), porque eso depende también de los candidatos.

Desanimada, la presidencia española escribió en su primer borrador de conclusiones que la integración se haría "después de acabada la CIG", y que los Quince tomarían la decisión "en el mejor plazo posible", sin ninguna concreción.

El secretario de Estado para la Unión Europea, Carlos Westendorp, llegó a reconocer el viernes que España propugnaba equiparar para todos los aspirantes el momento del pistoletazo de salida: seis meses después de concluida la CIG, como Malta y Chipre. "A lo mejor es un deseo piadoso, aunque no es incumplible", dijo, pero esa referencia temporal concreta "'ni se incluye ni se excluye de las conclusiones".Ayer todo cambió como por ensalmo. Alemania se vio sola. Los escandinavos presionaban en favor de sus vecinos bálticos. Los demás estaban contra la discriminación. Apoyaron el principio de "igualdad de trato inicial" para todos los aspirantes: inicio simultáneo de la negociación, aunque su conclusión difiera, según la maduración política y económica de cada aspirante.

"En pie, de igualdad"

Así se logró modificar el texto de conclusiones. A la genérica referencia al "mejor plazo posible" se le añadió el compromiso de "tratar a los países candidatos en pie de igualdad", y, sobre todo, esta frase: "El Consejo Europeo aspira a que la fase inicial de las negociaciones coincida con el inicio de las negociaciones con Chipre y Malta". Como se prevé que la CIG acabe "en el segundo semestre de 1997", todas las negociaciones podrán empezar en 1998. Para los países más maduros, bastarán dos años de negociación, hasta el año 2000, según expertos de la presidencia y líderes de los aspirantes. El albor del siglo XXI alumbrará, pues, la ampliación.

Negociar con Cuba

El presidente del Gobierno español, Felipe González, logró ayer en el Consejo Europeo le, que Javier Solana, ministro español de Asuntos Exteriores, no se había atrevido a plantear 12 días antes a sus homólogos de la UE: encargar a la Comisión Europea que presente un proyecto de acuerdo de cooperación a negociar con Cuba.El objetivo del acuerdo con el Gobierno de La Habana consustirá en "apoyar activamente el proceso de reformas en curso, alentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y ampliar el ámbito de la iniciativa privada y el desarrollo de la sociedad civil".

En el entorno de Solana se explicó en su día que las reticencias de Alemania desaconsejabán someter ese proyecto a la aprobación de los socios, pero ayer ni el canciller, Helmut Kohln, su ministro de Exteriores, Klaus Kinkel, pusieron pegas. Sí ofreció alguna resistencia el secretario del Foreign Office británico, Malcolm Rifkind, pero dio su brazo a torcer cuando logró cambiar una palabra en el texto.

La Comisión Europea preparará un proyecto de acuerdo, pero el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión deberá darle el visto bueno y su decisión dependerá "de la evolución de la situación política y económica en Cuba".

Los Quince desean concretamente que el régimen de Fidel Castro modifique su Código Penal y excarcele a medio millar de presos políticos que mantiene recluidos en sus prisiones.

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