Objeción al aborto

LA OBJECIÓN indiscriminada de muchos médicos al aborto es un obstáculo que lastra desde sus inicios la viabilidad práctica de la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Exista o no en el futuro una norma más liberalizadora que la actual, ningún Gobierno, sea del signo que sea, podrá aplazar indefinidamente la regulación de la objeción de conciencia de los médicos ante el aborto legal. El Partido Popular (PP) y Convergència i Unió (CiU) han cerrado el paso en el Parlamento al proyecto de ampliación del aborto de los socialistas, pero esa cuestión queda pendiente de resolver en la próxima legislatura.Es evidente que una regulación en serio de la objeción de conciencia médica debe contemplar supuestos más comunes que el riesgo vital para la gestante, como se limita a establecer el artículo quinto del proyecto del Gobierno recientemente bloqueado por el PP y CiU en el Parlamento. No prestar asistencia en ese supuesto se llama denegación de auxilio y constituye una conducta delictiva tipificada en el Código Penal. Lo que se trata de evitar es que el derecho a la objeción de conciencia sea utilizado por los médicos con fines de boicoteo de la ley. Y eso es lo que viene sucediendo en gran medida desde la entrada en vigor, hace 10 años, de la actual legislación despenalizadora del aborto. El caso de Andalucía muestra en toda su crudeza los efectos de ese recurso no reglamentado a la objeción de conciencia por parte de los médicos del sistema sanitario público.

En la comunidad autónoma andaluza se practicaron en 1994 un total de 2.334 abortos legales. Ninguno de ellos pudo realizarse en los hospitales de la Seguridad Social, porque, al parecer, no existe ni un solo especialista médico que trabaje para la Administración andaluza que no se haya acogido a la cláusula de conciencia.

Según el consejero de Salud, no pasa nada, porque su departamento ha firmado acuerdos con cinco clínicas privadas (situadas en Málaga, Córdoba y Granada) a las que se desviaron todos los casos. Es decir, el Servicio Andaluz de la Salud ha renunciado, simple y llanamente, a que se realicen abortos en los hospitales que controla, dirige y gestiona, y se limita a asegurar el derecho de las andaluzas por vías indirectas, aceptando incluso un mayor coste económico.

Todo antes que regular el derecho a la objeción de conciencia de los médicos o de establecer medidas que impidan la clara presión corporativista que están ejerciendo los facultativos antiabortistas sobre compañeros menos ideologizados. Quizás sea el momento de preguntarse, como han hecho algunos juristas, por qué la objeción de conciencia se regula tan rigurosamente en el caso de los jóvenes que no quieren hacer el servicio militar y se deja completamente al arbitrio de los propios interesados cuando es un médico quien no quiere realizar determinadas prestaciones sanitarias previstas también en la ley. La respuesta tendrán que darla cuanto antes el Gobierno, sea cuál sea, y el resto de las fuerzas políticas.