Farmacéuticos en paro acusan de "mafiosos" a los colegios profesionales

La libre competencia abarca desde la elaboración a la distribución de fármacos. Sólo la venta queda fuera. Sobre esta base se concentraron ayer cerca de 400 personas ante el Ministerio de Sanidad para plantear una pregunta: ¿cómo es posible que el número de parados en el sector (23.000) supere al de farmacias en funcionamiento (18.500)? Para el colectivo afectado, tanto la legislación restrictiva como "la mafia" de los Colegios Profesionales son los responsables.

"Queremos ejercer antes de envejecer" fue la frase más coreada por los manifestantes, convocados por la Asociación para la Libre Apertura de Oficinas de Farmacia en España. Para el presidente de este colectivo, Manuel Pascual, son las cifras las que justifican la protesta. "No tiene sentido impedir el libre establecimiento de farmacias, señalando que España sea uno de los países de Europa con más oficinas [una por cada 2.000 habitantes]. Aquí se manejan los márgenes comerciales más altos [30% sobre el precio de un medicamento de recetado por la Sanidad pública] y todavía no se conoce que ningún dispensario haya tenido que cerrar por quiebra", explica."Lo que se intenta defender desde los Colegios, que sólo representan a los establecidos, es una simple cuestión de monopolio por métodos en muchos casos mafiosos", dice Pascual. Para sustentar su afirmación, que es elpunto central de la propuesta, no faltan ejemplos.

Pilar Aparicio, representante de otra agrupación de damnificados (Asociación de Farmaceúticos en paro), plantea algunas de las paradojas a las que está llevando la ley vigente: "En muchos pueblos de España los profesionales con oficina realizan lo que se denomina la rueda".

Este sistema consiste en que los farmaceúticos de la competencia solicitan oficina allí donde saben que puede haber un competidor. Por el baremo de méritos, la plaza recae en un profesional con farmacia que al cabo de 6 o 9 meses (plazos legales) renuncia. La plaza corre al siguiente que vuelve a hacer lo mismo. "El realmente interesado en que funcione la farmacia ve cómo su petición se retrasa años o siglos", termina, la portavoz.

Desde el Consejo que agupa a todos los colegios provinciales, siempre se ha mantenido el mismo, argumento: lo necesario no es liberalizar sino adecuar la legislación a las necesidades de cada comunidad. Para sustentar su propuesta otro dato: el 98 % de la población española está debidamente cubierta.

En el bando de la protesta, la contestación es inmediata. "Una ley que permite que se puedan vender o incluso donar en herencia las licencias (los traspasos cuestan una media de 60 millones de pesetas) y que a la vez da pie a que los Colegios recurran sistemáticamente las concesiones llevadas a efecto por las comunidades autónomas, no parece que se sostenga", sostiene Aparicio.

Algunos de los manifestantes de Castilla-León, Andalucía o Extremadura relataban sus casos en los que su propio organismo colegial ha ido contra ellos. Después de recibir la perceptiva licencia de los organismos comunitarios han presenciado como sobre su establecimiento pesa una orden de cierre merced a la denuncia de las farmacias limítrofes. "Esto es una consecuencia tanto de la indefinición de la ley como del trabajo que desempeñan los colegios a favor de los establecidos", concluye una de las afectadas por este sistema, Ana Isabel González, de Burgos.

Un informe del Tribunal de la Defensa de la Competencia califica de "monopolio de hecho" al sistema actual y cifra en un 10% el ahorro de permitirse el libre establecimiento. Por otro lado, una comisión en el Senado estudia en la actualidad el tema.