Armas y derechos humanos

La prevencion es una de las facetas cada vez más esenciales en la acción por los derechos humanos. Resulta difícil justificar un discurso de crítica de los abusos si a la vez río se atiende, a las causas o circunstancias que los provocan o facilitan. Entre ellas se encuentra, sin duda, el comercio de armamento. Amnistía Internacional (Al) considera que deben prohibirse las transferencias de materiales militares, de seguridad o policiales a menos que existan garantías de que no contribuirán a la comisión de homicidios políticos, -desapariciones, torturas, malos tratos u otras violaciones incluidas en su mandato. Para ello es esencial que exista control parlamentario, que las transferencias se hagan públicas antes de realizarse, y que se tenga en cuenta la situación de derechos humanos en el país de destino final.La situación en España, como en la mayoría de los países, impide ese control. Las exportaciones de armamento en España figuran como "materia clasificada" por un acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre de 1986. Las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa (JIMDDU) son secretas. La Ley de Secretos Oficiales sólo permite que, tres diputados, designados al inició de cada legislatura puedan dar publicidad de la información que reciben a nivel confidencial.

Amnistía Internacional lleva a cabo una campaña conjunta con Greenpeac el Médicos sin Fronteras e Intermón pata conseguir que las. actas de la JIMDDU se hagan públicas trimestralmente con el fin de que la sociedad, el Parlamento y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) puedan ejercer el necesario deber de control sobre el uso final de las armas producidas en España.

España ha exportado durante los últimos ocho años armamento por valor de unos 480.000 millones de pesetas, la mayoría a países donde se violan con asiduidad los derechos humanos.

El Gobierno español emitió recientemente un informe en respuesta a la campaña, pero es un informe incompleto, ya que, entre otras cosas, no indica los países receptores del armamento vendido por España.

Al ha realizado recientemente peticiones a otros países. Por ejemplo, solicitó al Congreso dé EE UU que garantizase que las armas, y la formación proporcionada, por ese país no se utilizasen para aumentar la capacidad represiva de los regímenes que violan los derechos humanos.

La organización apoya así mismo el Código de Conducta sobre transferencias militares, elaborado, por varias ONG internacionales, que da criterios para regular la venta de armas. El código ha sido presentado al Parlamento Europeo y a diversos parlamentos nacionales.

Más recientemente, Al ha emitido un llamamiento con motivo de la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, en el que se recuerda que uno de los principales, objetivos será el garantizar la paz y la seguridad en la región mediante un conjunto de medidas para la consolidación de la confianza.

Para asegurar que las transferencias militares, de seguridad y policiales no se usan para cometer violaciones, graves de los derechos humanos u homicidios indiscriminados en la región mediterránea, Amnistía Internacional, insta a los Gobiernos a revelar públicamente esas transferencias por adelantado. Los Estados deben, comprometerse, a proporcionar la información solicitada por el Registro de Armas Convencionales de la ONU, así como a facilitar descripciones mas exhaustivas y detalladas de las armas registradas. Asimismo, deben ejercer presiones conjuntas para la inclusión de las armas pequeñas y ligeras -las más utilizadas en la comisión de violaciones de derechos humanos- en el registro de la ONU.

Puede solicitar más información sobre la campaña por la transparencia, en el comercio de armas en la Sección Española de A. I. (C/ Barquillo, 17, 6º B. 28014 Madrid. Fax 5317114, Teléfono 531 25 09).