La elegancia social del regalo

La reacción inicial de varios gobernantes y dirigentes socialistas ante la inculpación judicial del ex ministro Corcuera, acusado de pagar con fondos reservados la compra de joyas para regalárselas a las esposas de altos cargos de Interior, pareció indicar que el reproche estético llegaba allí donde los argumentos de la política, el derecho, y la ética contra el despilfarro de dinero público no habían conseguido penetrar. Todo había descansado, sin embargo, sobre un equívoco: esos censores -entre otros el ministro Rubalcaba- le habían apresurado a distanciarse de Corcuera sólo por creer erróneamente que el presidente del Gobierno había dado desde Túnez el banderazo de salida para los ataques. Desde que Felipe González hizo un cántico a su gran amistad con el antiguo titular de Interior, Ios acerbos críticos se transformaron en calurosos apologistas: una estampa más parecida a los componentes de un séquito que a los miembros de un partido dernocrático.Corcuera justifica los regalos pagados con fondos reservados (legalmente adscritos de forma exclusiva a la seguridad y defensa del Estado) mediante argumentos sindicalistas con implicaciones ligeramente machistas. Los máximos responsables de Interior -alega el ex ministro- prolongaban su jornada laboral y acudían al despacho los fines de semana, los días festivos y durante las vacaciones sin cobrar horas extraordinarias: el antiguo dirigente de UGT creyó conveniente otorgarles una compensación en especie por ese trabajo no remunerado aunque se tratase de un servicio público de naturaleza política. Las eventuales complicaciones administrativas anejas a la decisión se obviaron mediante la vía indirecta de convertir a las esposas de los beneficiados en destinatarias de los obsequios. Corcuera se muestra dispuesto a asumir voluntariamente la responsabilidad de esa medida: un gesto inútil si la responsabilidad le fuese exigida por una sentencia judicial.

Los defensores de Corcuera restan gravedad al asunto aduciendo que esa desviación de los fondos reservados respecto a sus fines legítimos no tiene quizás relevancia penal y carece en cualquier caso de importancia en comparación con otros usos abiertamente delictivos de esos dineros secretos: desde la requisa de los fondos reservados por sus administradores en provecho personal (como al Parecer hizo Roldán), hasta el pago de sobresueldos y finiquitos millonarios a los responsables de Interior (un asunto bajo investigación judicial), pasando por la financiación del crimen organizado (caso GAL). Pero aun siendo cierto que sisar en la compra. no es lo mismo que: despanzurrar cajas fuertes, todos esos comportamientos tienen un rasgo . en común: la abusiva patrimonialización de los recursos presupuestarios por los políticos o funcionarios encargados temporalmente de gestionarlos.

La aplicación ilegal del dinero público y el uso desviado del poder para fines ilegítimos echan fácilmente sus raíces en los terrenos cerrados por el secreto oficial al control parlamentario y al control judicial: los fondos reservados quedaron instalados en ese sofocante invernadero a partir de su inclusión dentro de las materias clasificadas. Un reciente libro del profesor Miguel Revenga describe los estragos producidos en Estados Unidos por el anormal crecimiento de los secretos oficiales con el pretexto de proteger la seguridad nacional; El imperio de la política (Ariel, 1995) muestra que la publicidad es un elemento esencial de la de mocracia del que sólo cabe prescindir en razones muy jus tificadas. El episodio lamentable, ridículo y menor de las joyas regaladas por un ministro español del Interior a las esposas de sus colaboradores no hace sino confirmar que el reinado del secreto es campo abonado para los abusos, las ilegalidades y las arbitrariedades.