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Ruiz-Gallardón promete 50.000 empleos en 1996 con 132.009 millones de pesetas

Javier Casqueiro

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó ayer los primeros presupuestos de un ejecutivo autonómico del PP por un importe que rondará en 1996 los 559.467 millones de pesetas. Los presupuestos socialistas sumaron 510.000 millones en 1995. El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, el muñidor del proyecto actual, se encargó de explicarlos. Para evitar especulaciones periodísticas sobre posibles agravios económicos entre consejeros, el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, encabezó una comitiva con todo su equipo para arropar a Beteta hasta la sala de prensa. El consejero justificó así todas sus cifras: "El objetivo prioritario es la creación de empleo, para lo que se ha dotado al Plan de Choque contra el Paro de más de 132.009 millones de pesetas en distintas consejerías, con el propósito de crear 50.000 puestos de trabajo".Esta promesa no quiere decir que el Gobierno regional piense reducir el paro a finales de 1996 en 50.000 personas. No son empleos netos, y la previsión, como admitió Beteta, es cauta. Su compañero de ejecutivo Luis Blázquez, responsable de Economía y Empleo, desea duplicar esa cantidad. Beteta desconoce cómo. El PP prometió en su programa generar 200.000 puestos de trabajo en esta legislatura.

El PP endeuda a la Comunidad en 120.000 millones para poder invertir

El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, presumió en la presentación de los presupuestos autonómicos para 1996 de su austeridad, del reequilibrio territorial en favor del sur y del compromiso con el gasto social, que se duplicará sobre la previsión del índice de precios al consumo. Este proyecto del PP se ha elaborado sobre la técnica económica de base cero, por lo que ningún compromiso anterior es asumido. Todas las partidas se acompañan de su financiación exacta, que sólo podrá ser modificada por ley en el Parlamento.Inversiones y deuda. El proyecto de inversiones, entre la Comunidad y sus organismos -pero no las empresas públicas-supera los 160.157 millones (86.612 en 1995). Casi 83.000 se dirigirán desde la Consejería de Obras Públicas y Transportes, fundamentalmente para metro y viviendas. Este departamento asumirá desde enero la dirección de la empresa Arpegio, que gestiona el suelo público, y se endeudará en 55.000 millones para favorecer la construcción de los prometidos 24 kilómetros de suburbano en toda la legislatura. Este recurso de pedir dinero a los bancos -casi 120.000 millones en total- se aplicará de dos maneras. La Consejería solicitará unos 60.000, cifra muy similar a la de los últimos presupuestos socia listas. El PP, además, endeudará a sus empresas públicas en otros 60.000 millones, alternativa que antes apenas se utilizaba. Beteta se defendió ante los comentarios que recordaron sus críticas en la oposición a esos métodos: "Es un endeudamiento para patrimonializar la Comunidad con inversiones".

Reducir gastos. El presidente de la Comunidad y sus siete consejeros verán reducidos sus gastos de representación un 25%, se recorta un 10% la partida de salarios de altos cargos, a pesar del incremento salarial acordado del 3,5%, y desciende más de 1.000 millones la contratación de asesorías externas del Consejo de Gobierno. Todos estos ahorros suman unos 2.000 millones.

Recaudación de impuestos. La Comunidad asume el próximo 1 de noviembre la gestión directa sobre dos impuestos. Hacienda presume que con una dirección política más próxima recogerá mucho más dinero: 37.000 millones en sucesiones y 100.000 en transmisiones de patrimonio (un aumento del 17%). Del impuesto de actividades económicas (IAE), retocado a la baja en su recargo autonómico, se esperan sólo 2.770 millones.

Participación del Estado. Pese a la segura prórroga de los Presupuestos Generales, Beteta entiende que el Estado ha adquirido con la Comunidad una serie de obligaciones -por convenios y transferencias anteriores- y que, más tarde que temprano, acabará por traspasarle los 140.000 millones que prevé en los presupuestos. Incluso los 5.450 millones de la cesión del 10% del IRPF, aún no reconocidos.

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Sobre la firma

Javier Casqueiro
Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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