Habrá comisión

POR UN solo voto de diferencia se aprobó ayer en el Senado la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre los GAL. Que hay que investigar esa trama es algo indiscutible, y así lo está haciendo la judicatura. Una vez encarrilada esa investigación, habría sido más prudente desistir de crear una comisión parlanientaria,que indague en paralelo sobre los mismos hechos y las mismas personas.En casos como los de Juan Guerra, Mariano Rubio e incluso Roldán, estaba claro que, aun no habiendo responsabilidad 'penal directa de cargos públicos concretos, sí podría haberla política. En el caso GAL, ambas se superponen, al menos en el estado actual de la investigación, cuando está en manos del Supremo precisamente por afectar a esas personas aforadas tuya responsabilidad investigaría la comisión parlamentaria. Otra cosa habría sido crear la comisión cuando el proceso penal sólo había llegado hasta el nivel de los policías Amedo Y Domínguez, dejando pendiente cualquier responsabilidad de las instancias políticas en la financiación, organización y encubrimiento de esa trama.

Las garantías propias de todo proceso penal se ven reforzadas cuando afectan a personas aforadas, precisamente para evitar el riesgo de una utilización aventurada o partidista del proceso. Es algo contradictorio con ese reforzamiento de las garantías que los mismos hechos y personas vayan a ser investigados simultáneamente por un órgano parcial por definición como es una comisión parlamentaria. Las batallas previas a la votación de ayer ilustran esa parcialidad, consustancial al parlamentarismo, pero que no debería interferir en la acción judicial.

Esa interferencia es, sin embargo, casi inevitable: ¿cómo impedir la presión para que los jueces, confirmen las conclusiones anticipadas por la investigación parlamentaria, amplificadas por el eco mediático de las comparecencias de las personas aforadas? Habría sido más responsable, más pedagógico de cara a. una opinión pública desorientada y sometida a dosis crecientes de demagogia, desistir de plantear, en estas condiciones, la comisión.

De un partido que es ya la primera fuerza del Senado y que cuenta con grandes posibilidades de ser pronto el del Gobierno cabría esperar una actitud más responsable, menos obediente a los sectores amantes de las emociones fuertes que cada día le marcan la estrategia. Que la dirección del PP ordenase a sus senadores mostrar en público su papeleta para evitar votos disidentes, o especulaciones sobre los mismos, es un símbolo del carácter casi escolar de esa obediencia.

Es dudoso que la comisión pueda avanzar en la investigación propiamente dicha, dada la inminencia de la disolución de las Cortes; pero tal vez sea posible hacer en ella una discusión política, pendiente todavía, sobre la actitud de cada cual respecto a los GAL. No ahora, sino cuando su existencia era un problema real: entre 1983 y 1987.

A José María Aznar le dio la risa floja cuando el martes le preguntaron sobre sus relaciones con García Damborenea, uno de los escasos políticos. que siguen sosteniendo que la creación de los GAL fue una necesidad ineludible. Sería interesante, sin embargo, contrastar esa. opinión, con la evidencia de los desastrosos efectos de aquélla aventura para el crédito de las instituciones, particularmente en el País Vasco. Es probable que los socialistas merezcan por ello lo que les está pasando, pero ello no justifica iniciativas tan extemporáneas como la aprobada ayer por el Senado merced al apoyo determinante del Partido Popular, Sólo cabe esperar que la investigación parlamentaria no, contamine de nulidad el proceso penal. Se habría hecho un flaco favor a la justicia.