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Editorial:

Iniciativa dudosa

EL PARTIDO Popular se ha convertido en el primer grupo del Senado con la incorporación de los senadores designados por los nuevos parlamentos autonómicos elegidos en mayo. La suma de los escaños del PSOE y CiU no alcanza ya la mayoría - absoluta de la Cámara alta. De ahí que los populares, junto con el PNV e Izquierda Unida, hayan trasladado al Senado la iniciativa que fracasó en el Congreso para constituir una comisión de investigación sobre los GAL. Para que prospere es necesario que voten a favor al menos cinco senadores más que los 122 que suman los tres grupos proponentes.Ya la votación en el Congreso fue precedida de bastante juego sucio o, como mínimo, oculto: bajo la mesa se jugaron algunas partidas, y al menos dos diputados votaron en sentido diferente al anunciado por sus grupos. Los nacionalistas catalanes denunciaron que algunos diputados del PP se habían dirigido a ellos pidiéndoles que votasen en contra de la comisión propuesta por su partido, cuya constitución les parecía una locura.

Puede serlo, pero ello no justifica que el juego sucio haya continuado. Hay motivos para desconfiar de algunas denuncias demasiado ad hoc, como la de ese senador del PP acusado de irregularidades en su trabajo. como funcionario, y que alega haber sido amenazado con ser sancionado si vota lo que no debe. Pero no hay duda del carácter amenazador de la advertencia del ministro Saavedra a los senadores de Coalición Canaria, condicionando las ayudas solicitadas para su tierra a su actitud en el asunto GAL. La mentalidad que esa amenaza revela es incompatible con la condición de ministro de un Gobierno democrático.

En cuanto a la iniciativa misma, resulta más que discutible. El PNV e Izquierda Unida han sido coherentes, porque siempre levantaron la voz contra la guerra sucia. No así el PP, que cuando se llamaba Alianza Popular y se estaban produciendo los crímenes de los GAL se abstuvo cuidadosamente no ya de pedir una comisión, sino tan siquiera de expresar la más ligera inquietud sobre quién podría estar financiando, amparando, organizando esas. actividades.

Tratar de dilucidar las responsabilidades respecto a la creación y funcionamiento de los GAL hubiera tenido pleno sentido a fines de 1983. De haberse producido entonces, como reclamó en soledad este periódico, es casi seguro que como mínimo habría provocado la interrupción de aquella desgraciada aventura, que se prolongaría hasta 1987. Si AP no tomó esa iniciativa fue sin duda porque, como entonces dijo su presidente-fundador en el Congreso, pensaba que "la única guerra sucia es la que practica ETA"`. Hacerlo hoy, cuando el asunto está en manos del Supremo, y sin mediar siquiera una autocrítica s obre su abstencionismo de entonces, resulta de un oportunismo insuperable. Especialmente cuando, además, la anunciada disolución del Parlamento garantiza la imposibilidad práctica de que la comisión, si se constituye, llegue a realizar una investigación mínimamente solvente.

Pero el portavoz del PP ya ha anunciado que su primera iniciativa sería llamar a declarar al presidente del Gobierno. Así, incluso si la investigación no puede ir muy lejos, el efecto mediático de esa comparecencia, no difícil de imaginar si se recuerdan los antecedentes de Rubio, Roldán..., sería ya un éxito para los publicitarios que diseñan la estrategia del PP.

Al margen de ese componente oportunista, la iniciativa resulta discutible cuando ya hay una investigación judicial en marcha. El argumento de que la investigación parlamentaria sólo establece responsabilidades políticas, sin efecto penal, es cuestionable. En la medida en que ambas indagan sobre los mismos hechos y Que la parlamentaria se pronuncia sobre la existencia de indicios de criminalidad -que según el reglamento de la Cámara deberán ser puestos en conocimiento del fiscal general-, sí hay una calificación con efectos penales realizada por un órgano que es parcial por definición. Ello plantea graves problemas en materia de derechos individuales porque el investigado no dispone en una comisión parlamentaria de las garantías propias del derecho penal, lo que podría contaminar de nulidad todo el proceso judicial.

Es inevitable que en este momento una comisión GAL sea percibida como un juicio paralelo, y que sus trabajos interfieran en los del Supremo. Algo especialmente inquietante, por lo demás, a la luz de la doctrina Álvarez Cascos, que descalifica como injusta cualquier sentencia de ese tribunal que no coincida con la que, según él, ya ha dictado la opinión pública.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de octubre de 1995