Política y presupuesto

EL GOBIERNO ha presentado su proyecto de presupuestos como si nada hubiera cambiado en el equilibrio parlamentario de este país. Pero todo el mundo sabe, incluido el propio Gobierno, que ese presupuesto no se podrá discutir realmente en el Parlamento, porque cuenta de antemano con una mayoría de rechazo. Los nacionalistas catalanes, que con sus 18 diputados tienen en su mano la capacidad de sentenciar el asunto, ya anunciaron su oposición. Y para que quedara claro que su rechazo no era meramente técnico, lo hicieron aun antes de conocer su contenido. Se trataba de dejar al Gobierno socialista en minoría para forzar el adelanto de las elecciones generales al mes de noviembre. González mantuvo el pulso, no modificó su calendario electoral -comicios generales en marzo- y finalmente fue Pujol el que anticipó las elecciones catalanas al mes de noviembre. Es evidente que CiU no desearía ahora un adelanto de las generales, cuya campaña se solaparía con las autonómicas. Ha desaparecido, así pues, su argumento central para rechazar los presupuestos. Pese a lo cual mantiene su veto.Algo que, si puede considerarse lógico desde la perspectiva de la dialéctica política, no lo es tanto desde los criterios de interés general en nombre de los cuales CiU ha venido argumentando su apoyo al Gobierno socialista. Las líneas conocidas del proyecto del Gobierno mantienen los compromisos que determinaron la política económica y presupuestaria seguida por el equipo de Solbes, y en cuya definición -prioridad a la llamada economía productiva, rebaja de tipos, reducción del gasto público- los nacionalistas reivindican una influencia decisiva. Hay, pues, una cierta incoherencia entre esa actitud y la enmienda de devolución anunciada por CiU. Ello permite a Solbes reiterar una última apelación a la coherencia de los nacionalistas catalanes, incluso sabiendo que es un llamamiento sin eco posible. Al mantener esa ficción, los socialistas buscan seguramente evitar un cierto vacío político: el que resultaría de admitir por adelantado la inviabilidad de sus presupuestos y mantener al tiempo el calendario electoral planteado cuando creían contar con el apoyo de Pujol.

Pero una vez que los presupuestos están en el Parlamento, su debate debería servir para que la oposición esboce sus propios criterios en materia de ingresos y gastos. Los ciudadanos, que pronto serán llamados a las urnas, tienen derecho a conocer qué presupuestos haría el PP si ya hubiera vencido. Y no habrá mejor ocasión que ese debate para exponer sus propias prioridades. Su portavoz, Rodrigo Rato, descalificó ayer el proyecto gubernamental en términos tan drásticos como los utilizados el año pasado en idéntica circunstancia. Sostiene que es falso que sean austeros, que no hay mecanismos de control que garanticen el rigor en su ejecución y que los ingresos previstos son utópicos.

El proyecto del Gobierno es en principio congruente con la prioridad otorgada al objetivo de reducción del déficit. El recorte de los gastos en casi un billón de pesetas y, el aumento previsto en los ingresos por efecto del crecimiento de la economía permiten en teoría reducir el déficit público en la senda del objetivo de convergencia marcado para 1997. De todas formas, la previsión de ingresos, con un aumento del 11% respecto a 1995, parece demasiado optimista para un crecimiento de la economía del 3,4% y una inflación del 3,5%. Ello sólo sería posible con un despegue del consumo que sigue sin verse claro. Pero la credibilidad de las previsiones del presupuesto de Solbes viene avalada por dos ejercicios consecutivos en los que, contra una tendencia invariable desde fines de los setenta, la desviación entre lo presupuestado y lo ejecutado ha sido escasa. En cuanto a las medidas de autocontrol que Rato reclama -balances periódicos de ejecución, prohibición de las ampliaciones de créditos y transferencias entre partidas, etcétera-, se contienen en, el proyecto de Ley General Presupuestaria, aprobada este año por el Consejo de Ministros y que será probablemente una de las leyes que queden pendientes por el adelanto electoral.

En fin, tal vez ese maniqueísmo de piñón fijo del PP, que CiU no ha dejado de criticar durante dos años, incline a Pujol, si no a retirar su veto, sí a apoyar los decretos complementarios que serán precisos para que la prórroga de presupuestos de 1995 no perjudique en exceso los objetivos planteados para 1996.