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La Cámara de Representantes endurece las sanciones contra el régimen cubano

Antonio Caño

La Cámara de Representantes del Congreso norteamericano aprobó ayer, por 294 votos contra 130, la ley inspirada por el senador ultraconservador Jesse Helms que endurece el embargo económico a Cuba, al tiempo que el ex presidente Jimmy Carter avanzaba en su gestión mediadora en busca de una negociación entre el Gobierno de Fidel Castro y la oposición en el exilio. Ambas iniciativas, marcadamente contradictorias, tienen por ahora pocas posibilidades de alterar la actividad diplomática, que se desarrolla lentamente desde hace meses, para procurar el entendimiento entre Washington y La Habana.

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La situación cubana fue tratada ayer simultáneamente en dos ciudades distintas. A la misma hora que, en Atlanta, Jorge Mas Canosa, presidente de la Fundación Cubano-Americana, la mayor organización del exilio, se reunía con Carter, los miembros de la Cámara debatían en el pleno los últimos detalles de la ley patrocinada por el senador Jesse Helms. La ley, que puede tener graves consecuencias para las inversiones españolas en Cuba, pretende impedir las inversiones extranjeras en la isla e imponer sanciones a las empresas que comercien con propiedades confiscadas a los cubanos del exilio. También endurece el vigente embargo comercial norteamericano.Tanto la gestión de Carter como la ley de Helms tienen todavía un largo trecho por recorrer. El ex presidente, que dirige actualmente un centro especializado en labores de mediación en conflictos internacionales, se reunió el miércoles con sectores de la oposición moderada, entre ellos Carlos Alberto Montaner, y ayer con la oposición radical. Pero no ha conseguido convencer al Gobiemo de Castro para que envíe representantes a Atlanta.

El vicepresidente cubano, Carlos Lage, confirmó, según informa Mauricio Vicent desde La Habana, que había recibido una invitación de Carter para acudir a la reunión, pero la rechazó por razones de trabajo en la isla. Ninguno de los otros dos dirigentes cubanos con los que se contaba en Atlanta, Ricardo Alarcón y Roberto Robaina, aceptaron tampoco viajar a EE UU.

Fuentes próximas a esa negociación comentaron que, lo más probable, es que el propio Carter, o uno de sus colaboradores, se desplace ahora a La Habana para presentar a Castro las propuestas de la oposición e intentar así sumar al Gobierno a ese proceso. Pero la opinión dominante en Cuba es la de que el régimen no necesita de intermediarios, ni para hablar con la Administración norteamericana ni para hablar con la oposición, en el que caso de que desee hacerlo.

Según la Fundación CubanoAmericana, con la que el Gobierno cubano se niega rontundamente a hablar, Castro no aceptará nunca una negociación que le obligue a entregar parcelas de poder. Un miembro de esa organización consideró que el paso dado por Carter es ingenuo y no vaticinó demasiadas posibilidades de éxito a la labor de mediación.

El Centro Carter ha puesto e marcha esta iniciativa con la es peranza de que, pese a que despierta gran desconfianza entre todas las partes implicadas, sirva para establecer, al menos, un puente de diálogo que no había existido en los 36 años transcurridos desde el triunfo de la revolución castrista.

Las perspectivas de la ley de Helms no son menos inciertas. A pesar de la votación favorable de la Cámara, donde actúa el sector más derechista del Partido Republicano, las posibilidades de que triunfe después en el Senado son menores. En todo caso, el secretario de Estado, Warren Christopher, envió el miércoles una carta al presidente de la Cámara, Newt Gingrich, en la que le advertía que estaba decidido pedir al presidente Bill Clinton que vete la ley si, finalmente, es aprobada en su redacción actual. "Esta legislación dañaría las posibilidades de una transición pacífica en Cuba y amenazaría otros intereses fundamentales de Estados Unidos en el mundo" asegura Christopher. Pero el margen de 294 a 130 visto ayer en la Cámara supera los dos tercios de mayoría necesarios para contrarrestar un hipotético veto presidencial.

Los republicanos que defienden la ley creen, por el contrario, que mientras no se asfixie económicamente por completo a Cuba, el régimen de Fidel Castro no aceptará tomar medidas de fiberalización económica y política.

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