La UE elimina las comisiones abusivas sobre las transferencias bancarias

Los derechos del usuario del sistema financiero -individual o pequeña empresa- en la Unión Europea (UE) se vieron ayer visiblemente reforzados. Las transferencias bancarias transfronterizas, o sea, las que se realizan entre dos países de los Quince, deberán abonarse en cuenta en menos de seis días, quedarán garantizadas hasta 1,6 millones de pesetas en caso de pérdida y no podrán quedar sujetas a comisiones abusivas.

Este es el contenido fundamental de una directiva aprobada por el Consejo de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin), tras una larga discusión y merced a una solución de compromiso propuesta por el presidente de turno, Pedro Solbes.Casi todas las disposiciones de la nueva norma fueron ya aprobadas en el primer Ecofin del semestre español (ver EL PAÍS del 10 y 11 de julio). Los bancos deben suministrar a sus clientes "efectivos y potenciales" información escrita sobre plazo, comisiones, gastos, tipo de cambio de referencia y procedimiento de reclamación.

Se considera que estos estrictos mecanismos de transparencia eliminarán las comisiones abusivas. Deben también realizar los envíos en un plazo máximo -disponibilidad- de seis días (cinco de viaje a cargo del emisor y uno de anotación en la cuenta del receptor).

Pero faltaba la esencial, la que bloqueaba el texto, el ámbito de aplicación o techo de la protección: qué cantidades transferidas quedan bajo su paraguas. Al final de una triple tanda de estiras y aflojas se impuso una solución de compromiso. La norma protegerá, en cuanto a las obligaciones de transparencia y disponibilidad, a las transferencias inferiores a 25.000 ecus (unos cuatro millones de pesetas).

Casi todas, pues el 85% son inferiores a 15.000 ecus, calcula la Comisión. Y a los dos años de entrar en vigor, el techo de 25.000 se elevará automáticamente hasta los 30.000 ecus. Las transferencias inferiores a 10.000 ecus tendrán, además, una garantía adicional de reembolso: el usuario las percibirá en todo caso, aunque se pierdan o el banco intermediario quiebre o suspenda pagos.

Estas obligaciones serán inesquivables a partir de los 30 meses de publicada la norma en el Boletín Oficial de las Comunidades, aunque cada país puede adelantarse si lo desea. Pero la protección puede ser mejorada en el trámite parlamentario, tanto acortando el período de su entrada en vigor como aumentando el ámbito de su aplicación.

Defensa del usuario

Es lo que espera la Comisión Europea, al menos sobre la protección global de los 25.000 ecus. El ejecutivo se alineó con los países que deseaban la máxima defensa del usuario (como el Reino Unido y Suecia, y con menos ardor, Finlandia, Grecia e Italia), aunque al final se mostró flexible ante el compromiso propuesto por España, para obtener el consenso de quienes (como Alemania, Francia, Portugal o Bélgica) estaban más preocupados por no cargar la mochila de obligaciones de sus pequeños bancos.El Parlamento Europeo -que participará en la validación de la norma a título de codecisión- incrementará a buen seguro estas garantías, pero todo indica que sin romper la cuerda pues eso quebraría el consenso entre los Quince. "Estoy convencido de que valorará el avance, porque elevar mucho los umbrales paralizaría" durante tiempo la norma, indicó Pedro Solbes, para quien "el grueso de las transacciones queda claramente protegida". "No sólo los particulares, sino también las pequeñas empresas se beneficiarán añadió el comisario Mario Monti. Las grandes empresas ya suelen disponer de otros mecanismos de seguridad.