Un calendario polémico

El Gobierno español tiene que presentar en Bruselas un plan creíble para el sector naval con un margen de tiempo suficiente para que la Comisión Europea lo apruebe antes del 1 de enero de 1996, fecha en la que se empieza a aplicar.

Las autoridades comunitarias, una vez analicen el plan, dirán si aprueban las ayudas comprometidas, 180.000 millones de pesetas hasta finales del año 1998, la mitad destinadas a solucionar los problemas financieros y el resto para poner en marcha medidas de ajuste.

El sector de los astilleros está obligado a abandonar las pérdidas en el plazo de tres años, ya que a partir de 1999 España tiene que renunciar a las ayudas públicas en cumplimiento del acuerdo de la OCDE y Corea del año pasado. Las subvenciones públicas cubren ahora el 49% del coste de construcción de un buque.

Ese calendario condiciona las negoiaciones entre la Administración y los sindicatos, pero una y otra parte discrepan sobre la urgencia que existe en presentar el expediente de rescisión de contratos. Las centrales creen que hay margen de tiempo suficiente y que el plan puede llegar a Bruselas a finales del próximo mes de noviembre.

Fuentes de la Administración, en cambio, aseguran que los plazos y las discusiones estaban ya agotados. El compromiso alcanzado ayer por el ministro de Industria y Energía, Juan Manuel Eguiagaray, y los líderes del metal de los sindicatos mayoritarios, puede hacer conciliables las dos posiciones.

El plan de ajuste del sector naval supone el cierre de las plantas de Cádiz y Sevilla y una reducción notable de las plantilla del resto de astilleros (hay nueve factorías en seis comunidades autónomas).