Agujero y deuda

EL VICESECRETARIO general del PP, Mariano Rajoy, ha denunciado que su partido ha encontrado en las administraciones autónomas y locales gobernadas hasta ahora por los socialistas un agujero financiero de unos 300.000 millones de pesetas. Si se refiere al conjunto de obligaciones pendientes, de pago con proveedores, Hacienda, o la Seguridad Social, la cifra no sólo no es alarmante, sino que resulta sorprendentemente baja. Y si se refiere exclusivamente a saldos deudores derivados de obligaciones contraídas al margen de los Presupuestos -algo que es ilegal- resulta, por definición, imposible conocer su alcance.La cifra ofrecida por Rajoy es, por tanto, una mera estimación. Si no se explicitan los criterios. de esa estimación, y no se pone en relación al conjunto del gasto de cada comunidad, resulta difícil establecer una valoración. Pero si el reproche implícito es que el gasto incontrolado de los socialistas ha endeudado en exceso a los ayuntamientos y comunidades, los datos disponibles más bien indican que el mal es común, con independencia del signo del partido que haya gestionado esas instituciones.

Pero que el PP plantee la cuestión resulta oportuno ahora que, además del cambio de signo político en muchas corporaciones y Gobiernos autónomos, culmina una fase de importante asunción de competencias por parte de las comunidades de régimen común. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lleva años denunciando el fuerte crecimiento del gasto autonómico, así como su influencia en el crecimiento del déficit público.

Las obligaciones contraídas sin el respaldo de crédítos presupuestarios aumentan el déficit público de la contabilidad nacional no así los compromisos pendientes de pago incluidos en el presupuesto, que ya están contabilizados. De todas formas, la cantidad adeudada por las administraciones local y autónoma es apenas la mitad de los derechos reconocidos pendientes de cobro a favor de las mismas. Pero lo que sí hace ese desfase entre ingresos y gastos es aumentar el déficit de caja y, por tanto, las necesidades de endeudamiento.

En el primer trimestre de 1995, la deuda acumulada por las administraciones autónomas ascendía a 3,88 billones de pesetas, con un incremento respecto al año anterior del 23%, superior al de la Administración central (10%) y al de los ayuntamientos (5%). En 1991, la deuda era aproximadamente de un billón de pesetas, lo que significa que en un lustro se ha multiplicado casi por cuatro. Ese endeudamiento es consecuencia de una dinámica de gasto más acelerada que la de los ingresos. En 15 años el total del gasto de las autonomías pasó de cero pesetas a unos 7,5 billones de pesetas en la actualidad, lo que representa en torno al 25% del gasto público total.

Las,comunidades más endeudadas son, por este orden, Andalucía, Cataluña y Madrid. Pero si se analiza el peso del gasto no financiero de cada comunidad en relación con su producto interior bruto (PIB) se comprueba que el signo político del Gobierno respectivo no es un factor determinante. En 1992, último año del que hay datos, las comunidades en las que ese gasto superaba el 10% de su PIB eran Navarra (24,7%), Andalucía (19,34), Galicia (17,3%), País Vasco (14,2%), Valencia (11,5%), Canarias (11%) y Cataluña (10,6%). Es decir, dos gestionadas por partidos o coaliciones nacionalistas, otras dos por el PSOE; dos más por el PP y una por una coalición de nacionalistas y socialistas.