Curso de clausura

EL CURSO político recién estrenado trae consigo muchas incógnitas, pero también unas pocas certezas. No se sabe cuándo se celebrarán las elecciones generales, pero ya sabemos que serán durante este curso; a más tardar, antes de la próxima Semana Santa. La legislatura vigente tiene, por tanto, una esperanza de vida que en el mejor de los casos no sobrepasa los cuatro meses. El PSOE no ha despejado la incógnita sobre su candidato a la presidencia. Pero hay una certidumbre que casi nadie discute: este curso clausurará 13 años de Gobiernos presididos por Felipe González. Tanto si se presenta como si no a las elecciones en calidad de cabeza de lista del partido socialista. Bastan estos apuntes para subrayar la importancia del curso que empieza. Pero también para negar que estemos sumidos en el caos.Los principales partidos de este país, PSOE y PP, pero también Izquierda Unida y nacionalistas catalanes y vascos aceptan la necesidad de medirse en las urnas a corto plazo. La diferencia de criterio entre unos y otros se reduce a cuatro o cinco meses. Algo que no puede convertirse en una cuestión existencial, por muchos argumentos que cada uno esgrima a favor de sus respectivas posiciones. En este sentido, resulta lamentable que no se haya podido acordar un calendario para despejar dudas y normalizar la vida política hasta la convocatoria electoral.

Aquí hemos sostenido repetidamente la conveniencia de convocar las elecciones generales en el primer trimestre del próximo año sobre dos argumentos: la necesidad de elaborar unos presupuestos rigurosos que sirvan de base para un despegue mayor de la economía y la continuidad en la presidencia europea. La primera de estas premisas está ahora mismo en el alero, puesto que Pujol no ha decidido aún si prestará sus votos en el Parlamento para aprobar los Presupuestos. Y ello no tanto por discrepancias de fondo con las cuentas del Reino como por su propio calendario doméstico y el desgaste que puede suponerle seguir por más tiempo del brazo de González. Esta incógnita debe despejarse en el transcurso de las dos o tres próximas semanas. Si CiU optara finalmente por retirar su apoyo parlamentario al Gobierno, González debería clausurar ya la legislatura y llamar a las urnas, por mucho que la campaña interfiera en el programa europeo. No tendría mucho sentido escenificar un debate de Presupuestos en el Congreso si se sabe de antemano que todo conduce a una prórroga del actual.

Pero lo que no puede ignorar el Gobierno, y desde luego no lo hace la oposición, es que sobre el calendarío electoral pactado antes del verano entre Felipe González y Jordi Pujol, con elecciones, catalanas en otoño y generales en primavera, se ha introducido un factor imprevisto: la aceptación por parte del Supremo del sumario de los GAL, que lleva consigo la acusación del juez instructor a cuatro personas aforadas; entre ellas, el propio presidente del Gobierno. ¿Puede seguir esta legislatura cuatro meses más como si nada hubiera pasado? ¿Debe posponerse cualquier decisión a que el Supremo se pronuncie?

Aznar y Anguita lo tienen claro: González no puede seguir al frente del Gobierno por su responsabilidad política en el caso GAL, y ello al rnargen de cuál sea el dictamen penal del Tribunal Supremo. Por tanto, deben convocarse elecciones inmediatamente. Pero ambos líderes lo vienen pidiendo desde hace ya años, casi desde el inicio mismo de la presente legislatura. Por tanto, no hay, una gran novedad en su propuesta. Lo que no se entiende bien es que Aznar se sume a quienes consideran una "presión inaceptable" sobre los magistrados del Tribunal Supremo afirmar que el calendario político puede verse afectado por la decisión que adopten. Lo dijo Pujol y se le echaron encima los furiosos de guardia. Según ellos, Pujol estaría trasladando sobre los hombros de los jueces la responsabilidad del desenlace de la crisis política. El argumento subyacente es que González debe irse, haya o no procesamiento, por sus responsabilidades políticas en el caso GAL. Seguramente se irá de todas formas, y ya ha expresado su decisión de no encabezar las próximas listas del PSOE, pero es absurdo ignorar que a estas alturas la responsabilidad política no sería la misma con o sin procesamiento, con o sin indicios racionales de culpabilidad.

No se puede descartar que, sin llegar al procesamiento, el Supremo considere necesario solicitar al Congreso el suplicatorio como requisito previo para tomar declaración a González. Si ese trámite se estima imprescindible, hipótesis que algunos juristas discuten, tal petición no podrá considerarse equivalente a una decisión formal de procesamiento. Pero es evidente que esa diligencia, la toma de declaración a González, y especialmente un careo entre él y algunos de sus acusadores, tiene en sí misma una significación política imposible de ignorar. Un presidente de Gobierno bajo permanente sospecha es insoportable para el país, por muy injusta que a la postre resultara aquélla.