Colombia declara el estado de emergencia tras la detención del ex ministro de Defensa

El presidente de Colombia, Ernesto Samper, declaró ayer el estado de emergencia tras la detención del ex ministro de Defensa Fernando Botero (hijo del escultor y pintor del mismo nombre), investigado como presunto responsable de la filtración de dinero de los narcotraficantes del cartel de Cali en la campaña que llevó él año pasado al liberal Samper a la jefatura del Estado. Samper amparó la decisión, que da paso a un paquete de medidas represivas, en conjurar la crisis social y de violencia que azota el país y que, según cifras presidenciales, se expresa en el asesinato de 19.450 personas y el secuestro de otras 700, entre enero y junio, y la impunidad en que quedan 97 de cada 100 casos de delincuencia común.

"No voy a aceptar que se queden con el país los delincuentes, los narcotraficantes, los subversivos; ni que cada quien vaya con un arma en la mano. Dedicaré todas mis energías a la tarea de gobernar hasta el 7 de agosto de 1998", declaró Samper al notificar el "estado de conmoción interior", uno de los tres niveles en que está graduado el estado de sitio. Estas palabras revelan su voluntad de mantenerse en el poder, pese a los vientos en contra que soplan desde la Fiscalía General, por cuenta del llamado Proceso 8.000. La investigación por supuestos aportes de la mafia de la droga a la campana puso en la cárcel, hace tres semanas, al ex tesorero del aparato electoral samperista, Santiago Medina. El martes pasado, Fernando Botero, ex gerente de la campaña que el 2 de agosto renunció a la cartera de Defensa ante el acoso del escándalo, seguía sus pasos. Ambas detenciones acercan cada vez más a los fiscales hasta la Casa de Nariño, y colocan al presidente en el dilema de renunciar o aguantar los embates del Proceso 8.000.

La declaración del estado de conmoción interior por 90 días estuvo precedida de un consejo de ministros y de una junta de parlamentarios del opositor Partido Conservador, que aprobó mantener el apoyo al Gobierno liberal, por una votación de 46 a favor y 25 en contra. "La patria por encima de los partidos", fue la consigna de los conservadores que participaban en el Gabinete de Samper desde su formación con tres ministros (Comercio, Exterior, Trabajo y Transportes), y ahora con cuatro, al reemplazar Juan Carlos Esguerra a Botero Zea.

Cúpula insurgente

"En el futuro la acción militar será medida en función de resultados concretos", advirtió Samper, que anunció la formación de bloques de búsqueda contra los comandantes guerrilleros, similares al que puso tras las rejas a los hermanos Rodríguez Orejuela y otros miembros de la cúpula del cartel de Cali. Además de anuncios, de recompensas en metálico por radio y televisión, para quien dé pistas sobre la cúpula insurgente.

"Combatiremos los grupos paramilitares hasta que el Estado recupere el monopolio de las armas", añadió. Ayer mismo, fueron detenidos 13 miembros de un grupo paramilitar ultraderechista por la matanza de 18 personas en Uraba el sábado pasado.

Se aumentará la pena máxima a 60 años de prisión para delitos atroces como secuestro y violación. También se presentará al Parlamento un proyecto de ley que imponga la cadena perpetua. Otra de las medidas anunciadas es la eliminación del tratamiento especial para los delincuentes entre 14 y 18 años.

En cierta medida, el estado de conmoción interior sirve de escenario al Acuerdo Nacional contra la Violencia, con el que Samper aspira a aglutinar a los sectores empresariales, la iglesia católica, los sindicatos y los partidos, para preservar las resquebrajadas instituciones. La persecución frontal a la guerrilla, que exigirá un incremento del presupuesto para las Fuerzas Armadas, supone un viraje con respecto a la propuesta de paz a la que Samper dedicó buena, parte de su discurso de toma de posesión, en agosto de 1994.

Pero en estas difíciles circunstancias, Samper no ha querido hacer oídos sordos a voces como la del presidente de la Corte Suprema, Carlos Esteban Jaramillo, que pidió restablecer la pena de muerte, abolida en 1903.

El martes, a primeras horas de la tarde, reporteros, soldados y agentes de seguridad se confundieron con vendedores de frutas, reliquias y aguas milagrosas, hasta colmar la calle 11, del populoso sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, donde funciona la unidad regional de la Fiscalía. Por allí han desfilado en los dos últimos meses, para ser interrogados, los capos del cartel de Cali. Anteayer fue el turno de quien hasta hace dos semanas, cuando se desató el escándalo del Proceso 8.000, era ministro de Defensa y máximo responsable de la lucha contra la cúpula de la cocaína: Fernando Botero Zea. Ahora el ex ministro detenido deberá dar cuenta de su papel en la presunta filtración de dinero de los narcotraficantes en la campaña que hace un año condujo a Ernesto Samper a la presidencia de Colombia. Después del interrogatorio, que se prolongó por cinco horas, Botero fue conducido a la Escuela de Caballería, en el norte de la ciudad, donde permanecerá 15 días.

Fernando Botero, el 'delfín' enjaulado

Fernando Botero Zea reunía todos los ingredientes para ser presidente y, de hecho, figuraba en la lista de posibles candidatos para que el liberalismo hiciera el tránsito en el poder hacia el siglo XXI. Miembro de la casta de los delfines por ser nieto del ex embajador en Washington Germán Zea, de quien heredó los rasgos físicos, e hijo de padres famosos (el pintor Fernando Botero y la directora del Museo de Arte Moderno, Gloria Zea), inició su carrera pública a los 25 años.Concejal de Bogotá, viceministro de Gobierno, senador, gerente de la campaña presidencial de Samper y ministro de Defensa son los hitos de una vertiginosa carrera que pronto le hicieron que olvidara sus escarceos con el Partido Comunista Francés, cuando estudiaba en París, y sus vínculos con el partido maoísta colombiano en sus épocas de universitario en Bogotá.

Hace dos años, cuando Samper formó su equipo de campaña y lo nombró segundo al mando, ya era exponente caracterizado del ala neoliberal del Partido Liberal, en el que Samper encamaba la corriente socialdemócrata.

En el Ministerio de Defensa, en el que estuvo un año y al que renunció el 2 de agosto, en medio del escándalo del Proceso 8.000, el delfín dio pruebas de su convicción ideológica al promover las cooperativas de seguridad privada rural, lo que para muchos era vía libre a un aparato de la guerra sucia.

Pero en Colombia eso no pone punto final a ninguna carrera política. Y hasta el Proceso 8.000 tampoco la filtración de dinero del narcotráfico en las campañas, un secreto a voces desde fines de los setenta, tanto para liberales como para conservadores. Sin embargo, la dimensión de las denuncias que señalan la presunta responsabilidad de Botero en el manejo de una doble contabilidad e, incluso, la utilización de cuentas bancarias en EE UU, alguna presumiblemente de su padre, tienen ahora al delfín en una guarnición militar, no como jefe de las Fuerzas Armadas, sino como detenido. Parece que los tiempos de Macondo están cambiando.