Un matrimonio de La Rioja destroza la coartada de Sancristóbal sobre sus primeros 130 millones

La coartada de Julián Sancristóbal, ex director general de Seguridad, sobre el origen de sus primeros 130 millones quedó destrozada ayer. El ex alto cargo había negado la semana pasada que los fondos reservados de Interior fueran el origen de su patrimonio, y su defensa presentó un acta notarial según la cual un matrimonio residente en La Rioja, formado por Ángel Ibarlucea y Lucía Aldálur, le había confiado ese dinero para que lo invirtiera en su nombre -luego se lo devolvió con los intereses, Éstos se desdijeron ayer, negaron que hubieran dado ese capital a Sancristóbal, y añadieron que habían firmado el documento mencionado porque pensaban que podía ayudarle a salir de la cárcel, ya qué le quieren como a un hijo.

Los peritos del Banco de España están investigando un posible desvío de los fondos reservados del Ministerio del Interior como fuente de financiación de los GAL y hace unas semanas presentaron un avance de los resultados de sus indagaciones. Los tres funcionarios manejan como hipótesis de trabajo que cada inversión realizada por Julián Sancristóbal a través de la sucursal de Jerez de la Frontera de Induban se correspondía con una salida anterior -con un plazo que oscilaba entre los ocho y los diez días- de la cuenta que Interior tenía en el banco emisor para gestionar los citados fondos.Sancristóbal negó que en su cuenta de Induban se hubieran manejado fondos reservados y para explicar el origen de su dinero -una primera entrega de 70 millones de pesetas en metálico al director de la sucursal en Madrid y otras dos, por unos 30 millones cada una, trasladadas personalmente por el ex director general a la sucursal jerezana echó mano de una pareja de carniceros de Ermua (Vizcaya) que le alojaron durante el periodo en que fue el alcalde de dicha localidad.

El matrimonio, que ahora reside en Casalarreina (La Rioja), declaró ayer ante él juez Baltasar Garzón que el contenido del documento notarial que ellos firmaron es falso y que un cuñado de Sancristóbal, llamado Carlos, les instó a que lo rubricasen con el único propósito de que el ex alto cargo quedase en libertad. Ambos, de avanzada edad, se mostraron muy nerviosos y, en concreto, Lucía Aldálur rompió a llorar en cuanto empezó el interrogatorio.

Investigación de Hacienda

Ángel Ibarlucea manifestó que sabía que la Delegación de Hacienda de La Rieja había iniciado una investigación sobre el dinero tras la publicación de la noticia en los periódicos y que en Ermua habían aparecido pasquines amenazantes contra ellos. Igualmente afirmó que familiares suyos en San Sebastián han recibido una corona de flores con la frase "éste es vuestro final". Ibarlucea, sin embargo añadió que nada de eso les había influido y que su declaración era espontánea.

[Responsables de la Policía Municipal de Ermua indicaron ayer que en las calles de este municipio no se ha detectado ninguna pintada ni ningún cartel en los que se amenace al matrimonio, según informa desde Bilbao].

Los dos destacaron que no conocían el alcance jurídico del documento firmado, pero que, tras haber reflexionado sobre el asunto, habían decidido decir la verdad.

La primera explicación de Ibarlucea había sido en el sentido siguiente: "Nosotros queríamos evitar que los datos sobre nuestro patrimonio llegaran a oídos de ETÁ y, por miedo, decidimos invertir lejos del País Vasco con la ayuda de Julián Sancristóbal".

En fuentes de la investigación destacaron que ya resultó sorprendente que un matrimonio con una carnicería como única fuente de ingresos tuviera 130 millones en 1984, pero que, en cualquier caso, había que hacer las comprobaciones oportunas para confirmarlo o descartarlo. Las mismas compararon este asunto con las llamadas cartas portuguesas, que constituyeron un factor distorsionante en la primera investigación del tema GAL.

En aquella ocasión, tres de los mercenarios lusitanos de los GAL que en los sumarios franceses habían acusado, a los entonces policías José Amedo y Michel Domínguez como los organizadores de los atentados enviaron escritos a Garzón para explicar que los agentes no tenían re lación con el caso. Posteriormente, tras la realización de una comisión rogatoria a Portugal, se pudo demostrar que esa actuación no era más que una manipulación para tratar de exculpar a los dos acusados.