Leguina le deja a Ruiz-Gallardón poder de decisión sobre 136.700 millones

VIENE DE LA PÁGINA 1 La Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid tiene todos los datos de ejecución del presupuesto elaborados y dispuestos para ofrecérselos a los especialistas económicos del PP. El Gobierno regional, además, desde que está en funciones, no contrala obras o servicios nuevos.

Antonio Beteta, consejero de Hacienda del PP sólo pendiente de nombramiento oficial el próximo 1 de julio, maneja ya algunos escenarios financieros de la Comunidad pero ha pedido las estadísticas al detalle. Le llegarán la semana que viene. El presupuesto de la Comunidad y sus organismos autónomos (Consorcio Regional de Transportes, Instituto de la Vivienda, Imprenta de la Comunidad e Instituto Madrileño del Deporte) fue aprobado con 419.938 millones de pesetas de gastos. Luego se consignaron otros 1.835 millones más en una serie de modificaciones de crédito (421.774 millones). Ese fue el punto de partida de la acción de gobierno socialista.

A partir de ese momento las nueve consejerías programaron una serie de planes, proyectos y servicios que se pusieron en marcha y que debían de haber costado, en estos momentos, 234.874 millones de pesetas. En esa partida se incluyen también los 42.040 millones gastados hasta ahora en las nóminas de los 26.000 funcionarios -laborales e interinos- en plantilla de la Comunidad. También los 27.217 millones de gastos financieros que permiten abonar, en los primeros seis meses de este año, el 70% de los intereses anuales que genera la deuda de la Administración regional.

Dinero en caja

Las arcas regionales, según estos cálculos, debían disponer en la actualidad de 186.899 millones sin gastar. Además, de los 234.874 millones ya consumidos en proyectos, existen 26.433 millones que no están realmente comprometidos todavía, mediante firma del cargo público correspondiente, y su destino podría ser modificado por los nuevos responsables políticos del PP. Estos dos conceptos, supuestamente disponibles para ser gestionados por el nuevo gobierno, suman 213.332 millones que se encontrará en la caja de la Comunidad Alberto Ruiz-Gallardón cuando la abra. Del total, tendrá una cantidad fija comprometida en dos aspectos: las nóminas por pagar (65.022 millones) y el 30% restante de los intereses de la deuda pendientes (11.609 millones).

Pero incluso dentro de los 208.440 millones ya firmados por la Administración actual cabe la posibilidad de que el futuro Gobierno del PP decida aplazar o demorar en el tiempo el pago de algunas obras ya contratadas que no son de su gusto. Podría ser el caso, por ejemplo, del nuevo tramo de la línea 10 del Metro.

El beneficio inmediato es que se dispondría de esos dineros para otros planes pero tendría un inconveniente: engordaría el déficit de posteriores presupuestos.

Las posibilidades de maniobra del PP, por tanto y a pesar de encontrarse con el 50% del presupuesto ejecutado, son múltiples, según los altos cargos socia listas que todavía mandan en la Consejería de Hacienda.

Hay, además, otra! posibles actuaciones del PP en los límites legales del presupuesto aprobado en su día por el PSOE e IU. Los capítulos 1 (personal) y 3 (gastos financieros) no permiten teóricamente grandes alegrías. El convenio laboral facilitó este año a los funcionarios regionales una subida salarial del 3,5% acorde a lo establecido por el Estado y el nuevo convenio no se negocia precisamente hasta el año que viene. La única posibilidad de rebajar ese gasto sería la congelación de la oferta pública de empleo aprobada y presupuestada este año (889 plazas). El PP podría renunciar a una ampliación de la plantilla, tal y como ha prometido en su programa electoral. Se encontraría con la primera confrontación importante con los sindicatos.

Los capítulos 2 (gastos. corrientes: comida de hospitales, material de oficina o de guarderías, alquileres, material médico... ) y 4 (transferencias corrientes, subvenciones a distintas instituciones y asociaciones) sí pueden ser interpretados. El PP presume de su capacidad de ahorro y de austeridad precisamente en el gasto corriente. Y pretenden atajar al máximo la concesión de subvenciones.

El Gobierno socialista de Leguina ha gastado a estas alturas, de año el 69% de los gastos corrientes previstos (31.665 millones sobre 46.029) y el 44% de las transferencias corrientes (34.806 millones sobre 78.733). En este segundo caso hay que tener en cuenta que casi la mitad de esas transferencias se destinan a subvencionar los viajes de los transportes públicos controlados por el Consorcio Regional de Transportes, un gastó que apenas podrá modificar el nuevo ejecutivo.

El apartado de las inversiones realizadas o por efectuar permite interpretaciones elásticas La Comunidád ha suscrito contra tos de obras por valor del 67% de las inversiones previstas (60.387. millones sobre 90.316). Pero incluso el abono de esos contratos es moldeable en el tiempo.

El presupuesto regional, además, no se suele gastar totalmente. El de 1994 sólo se ejecutó un 91%.

Las Consejerías, en cualquier caso, mantienen en estos momentos una situación bastante distinta entte el dinero que han planificado en ideas, el realmente comprometido en proyectos y el abonado en facturas. Sólo tres han ejecutado, a fecha de 31 de mayo, más de la mitad de su presupuesto (63% Política Territorial, 52% Educación y Cultura y 59% Presidencia). La gestión más retrasada corresponde a Economía (33%), supuestamente uno de los departamentos estratégicos del ejecutivo de Ruiz-Gallardón que prevé un gran plan contra el paro que promete 200.000 empleos.

Hacienda ha ejecutado el 46% de su presupuesto, Salud el 42%, Integración Social el 48%, Cooperación el 41% y Transportes el 44%.