Denuncias permanentes, resultados nulos

Las denuncias de escuchas telefónicas realizadas por los servicios de información, tanto civiles como militares, han sido permanentes desde el inicio de la transición democrática. En los casos más graves, tales denuncias fueron confirmadas por los principales responsables políticos, pero nunca hubo una decisión judicial en su contra. Antes bien, en diferentes instancias gubernamentales y judiciales ha llegado a justificarse la práctica de tal espionaje bajo el argumento de que es necesario para la seguridad del Estado.El caso de mayor trascendencia hasta ahora fue descubierto en mayo de 1985, cuando El PAÍS difundió que una unidad de la Brigada Interior de Policía, denominada Movimientos Sociales, hacía seguimiento y espionaje de partidos y sindicatos, así como de sus dirigentes. El juez José María Vázquez Honrubia investigó el caso y localizó 180 informes policiales sobre Alianza Popular.

El entonces director general de la Policía, Rafael del Río, justificó tal práctica en un documento en el que señalaba que al aparato policial le corresponde "el análisis permanente de la opinión pública" para suministrar al Gobierno "los medios informativos que posibiliten la estabilidad política".

El Tribunal Supremo entendió que ningún aforado -incluido el entonces ministro del Interior, José Barrionuevo- había incurrido en delito, y pese a que Vázquez Honrubia insistió en que había indicios de delito,- la Audiencia Provincial de Madrid archivó el caso en 1989. Esta misma instancia judicial había señalado tres años antes que existía "un tufillo de ilegalidad" en las prácticas.

Con anterioridad, Juan José Rosón, ministro del Interior entre 1980 y 1982, reconoció que agentes policiales habían espiado a magistrados, pero tampoco los jueces decidieron nada contra los espías. Desde entonces y hasta ahora, policía y Cesid han sido objeto de decenas de denuncias públicas de espionaje. Adolfo Suárez, Manuel Fraga, el ex presidente del Constitucional Jerónimo Arozamena, Jorge Verstrynge, Nicolás Redondo o Julio Anguita son algunos de los dirigentes que se sintieron vigilados al margen de la legalidad.