La reforma de la Seguridad Social y el paro centran el debate en los comicios belgas

Todas las baterías de los grandes partidos han disparado munición social. Las recetas sobre el paro y la reforma de la Seguridad Social concitan la sigilosa pasión ciudadana en las primeras elecciones de la Bélgica federal. Los belgas se colocarán mañana a un lado u otro de la clásica línea divisoria izquierda-derecha. Matizada: optarán entre una coalición de centro-izquierda, continuadora del actual Gobierno de Jean-Luc Dehaene (socialcristiana-socialista), y una mayoría de centro-derecha. La corrupción -como la del caso Agusta, que ayer registró la liberación de cuatro inculpados socialistas flamencos; entre ellos, el ex jefe de gabinete del secretario general de la OTAN, Willy Claes- se ha tratado con sordina en la campaña.

Cuando en febrero se disolvió el Parlamento y saltó el caso Agusta (pago de comisiones ilegales por la compra de 46 helicópteros militares), los juzgados y la prensa belgas removieron el problema de la corrupción, saltaron ministros y Claes quedó salpicado. Pero, desde que empezó la campaña electoral, los seis grandes partidos (socialcristianos, socialistas y liberales desdoblados en francófonos y neerlandófonos; los seis, de parecido peso electoral) se han resistido a tirar la primera piedra al adversario. Ni siquiera lo han hecho los liberales, cuya ausencia del Gobierno acredita su limpieza.Sólo la extrema derecha -el ultranacionalista Vlaams Blok (Bloque Flamenco)- ha usado esta artillería, que puede desviar votos socialistas flamencos hacia otros partidos: todavía hay un 30% de indecisos, según la encuesta publicada ayer por La Lanterne.

El tribunal de Lieja dejó ayer en libertad a cuatro inculpados en el caso Agusta: el ex tesorero del Partido Socialista Flamenco Étienne Mangé, el ex secretario general adjunto Luc Wallyn, el ex jefe de gabinete de Claes Johan Delange y el abogado Alphonse Puelinckx. Se les atribuye un papel protagonista en la aceptación y canalización hacia el Partido Socialista Flamenco de 51 millones de francos belgas pagados por la empresa italiana Agusta a cambio de obtener la Venta a Bélgica de los helicópteros militares.

Lo que sí ha suscitado la pasión del respetable es la batalla de programas socioeconómicos, centrada en la reforma de la Seguridad Social (la Sécu) y, en menor medida, en el empleo. "El dilema estriba en si continuaremos adaptando el compromiso socialdemócrata vigente desde el final de la Segunda Guerra Mundial y plasmado en la coalición de familias socialcristianas y socialistas o si, sobre la base de un problema presupuestario, modificaremos la misma lógica del sistema, como propugnan los liberales", diagnostica Andrea Rea, profesor del Instituto de Sociología de la Universidad Libre de Bruselas.

La Sécu hace de Bélgica el país europeo con menos pobres (6%). Sin ella, un tercio de las familias viviría en precario. Subsidia a 1,8 millones de niños, a un millón de pensionistas y a medio millón de parados. Pero a costa de un déficit creciente por el envejecimiento de la población y el mayor paro, generando una deuda en "bola de nieve", como dice el primer ministro Dehaene, que a 30 años vista, cuando los pasivos igualen a los activos, será insostenible: 400.000 millones de francos (más de 1,6 billones de pesetas), casi un tercio de su actual presupuesto.

Pensiones

Los liberales proponen privatizar (reducir las pensiones oficiales al mínimo, en beneficio de, fondos de pensiones privados), individualizar los subsidios (investigando a los parados de larga duración) y limitar el papel de los sindicatos y las mutualidades, los cuales gestionan el seguro. Los socialistas se oponen férreamente y propugnan buscar "financiación alternativa"- (impuestos sobre el patrimonio, sobre la contaminación). Los socialcristianos están a medio camino, priorizando el control del gasto, pero critican el plan liberal por "demagógico e impracticable", ataca Johan van Hecke, el segundo de Dehaene.

A esta polémica socio-social se le superpone el debate sociofederal: los partidos de Flandes propugnan la federalización de la Sécu, en distintos grados. Es la revancha de un agravio histórico, el de los flamencos del rico norte contra los valones del pobre sur. Aquéllos pagan más. Éstos gastan más en seguro de paro y en medicinas. No en vano, Valonia es la cuna de la primera industrialización y, por tanto, de las reconversiones.

Sólo los socialistas -y los ecologistas- flamencos se oponen, "porque Flandes debe ser solidaria", a la separación del seguro; los liberales apoyan la federalización parcial; los nacionalistas moderados (Volksunie) y ultras (Vlaams Blok), total. En medio, los democristianos quieren federalizar "parcialmente y a largo plazo". Prudencia dictada por su potente sindicato, el CSC, porque perdería la gestión, en beneficio del Gobierno regional, que eso es también la federalización.

El desempleo -casi medio millón de parados, el 10% de la población activa- también les enfrenta: todos lo consideran "prioritario"; todos están de acuerdo en disminuir las cotizaciones sociales, los costes indirectos del trabajo (el centroizquierda insiste en el segmento de salarios bajos).

Los socialistas, en plan clásico, proponen sustituir el descenso de ingresos con más impuestos (patrimonio, consumo, contaminación). Los liberales, en plan aguerrido, quieren "reducir masivamente" los gastos empresariales hasta un 10% del coste total de la Seguridad Social. Los democristianos lucen, también en esto, un delicado equilibrio. Ocupan el terreno central del juego; pueden aliarse a izquierda y a derecha. Y no quieren perder esa ventaja.