Realismo o demagogia / y 2

La ley de Telecomunicaciones por Cable es una de las piezas fundamentales para alcanzar, en las mejores condiciones, la liberalización de las telecomunicaciones en el plazo de 1998 fijado por la Unión Europea. Sin embargo, desde algunas instancias, el proyecto de ley del, Gobierno está siendo cuestionado con cierto. oportunismo y mucha demagogia en sus argumentos.El primero es que, como el proyecto de ley del Gobierno establece el tamaño mínimo de una demarcación en 20.000 habitantes, todos los Municipios de menos tamaño, y con ellos el 25% de la población, se van a quedar sin acceso a las famosas autopistas de la información. Esto no es más que una interpretación demagógicamente interesada de un requisito que sólo pretende encauzar las iniciativas de cableado para obtener una dimensión de mercado que haga posible su viabilidad económica. Por ello, -el proyecto incentiva a que los municipios de menor tamaño se agrupen entre sí o con otros mayores para constituir demarcaciones economicamente viables.

El segundo argumento esgrimido, peculiar si se considera que se emite desde un representante político [el consejero de Industria de la Generalitat de Cataluña] que defiende las virtudes del mercado, es que "si no se constituye una única demarcación con la totalidad del territorio de Cataluña, los operadores acudirán a prestar servicio a los municipios rentables, abandonando a los que no lo son".

Este argumento, de indudable peso político, ha sido utilizado repetidas veces por la Administración de las telecomunicaciones para justificar en el pasado la adecuación de tarifas de la telefonía básica, y su garantía de universalidad, en todo el territorio nacional.

El mimetismo de su argumentación por parte del consejero de Industria olvida, sin embargo, una diferencia fundamental: las telecomunicaciones por cable se van a prestar en un contexto de competencia, y ello significa que los operadores llevarán a cabo sus inversiones allí donde esperan que la actividad sea rentable. Si las telecomunicaciones avanzadas constituyeran un servicio básico, el Estado debería intervenir. La intervención, si existiera, debería ser del Estado, puesto que la Constitución establece que las telecomunicaciones son una de sus competencias exclusivas, y porque además, en ese caso, deberían definirse obligaciones de servicio público asociadas a mecanismos de financiación del mismo por todos los operadores y en todo el territorio del Estado.

La cuestión ni se plantea por el momento. La Unión Europea y los países que la forman han adoptado una actitud realista y tienen como objetivo delimitar el servicio telefónico básico y -garantizar su prestación universal, una vez que el sector de las telecomunicaciones se haya liberalizado y no sea posible mantener subvenciones cruzadas.

El documento de la Consejería de Industria y Energía de la Generalitat de Cataluña indica que el coste de la implantación de redes de banda ancha interactiva sería de 75.000 millones de pesetas. Para obtener esa cifra, el documento hace el cálculo de los kilómetros de fibra óptica necesarios para unir entre sí los distintos municipios catalanes y supone un coste medio de 50.000 pesetas por hogar pasado; es decir, un hogar que queda a una distancia de la red .susceptible de solicitar un abono.

El documento olvida detalles fundamentales. El primero es el coste de la propia conexión de los hogares abonados. No basta con tender una red, hace falta instalar un equipamiento con un coste mínimo de 25.000 pesetas por abonado, que no están presupuestadas. Evidentemente, si el número de abonados es muy pequeño, el coste global no es muy importante, pero entonces ¿para qué se instala una red de cobertura local? ¿Es que acaso quiere repetirse la experiencia francesa de los años ochenta., en que se realizaron inversiones en red por 200.000 millones de pesetas, que resultaron inservibles al carecer de abonados?

Con todo, no es ese olvido el aspecto más preocupante del documento que estamos comentando. Después de todas esas inversiones, pongamos en tomó a los 100.000 millones de pesetas, la Generalitat habría conseguido instalar en Cataluña una red universal de televisión por cable, pero no una red interactiva de banda ancha capaz de prestar servicios bidireccionales de voz, datos, imágenes y un largo etcétera.

Este tipo de redes requiere de bastantes más elementos que el simple tendido de fibra óptica y la instalación de decodificadores en el domicilio de los abonados. Requiere centrales de conmutación de banda ancha, unidades de abonados digitales, sistemas complejos de gestión de red, etcétera, cuyo coste superaría las 100.000 pesetas adicionales por abonado.

Cuantificar las inversiones necesarias de la forma en que lo hace el documento de la Consejería de Industria y Energía de la Generalitat es, por tanto, un ejercicio de cinismo o una demostración de incompetencia técnica.

A título de ejemplo, las inversiones que Telefónica dedicó a modernizar su red en Cataluña en los tres años previos a los Juegos Olímpicos de 1992 han tenido un coste doble a la cifra que la Generalitat considera necesaria para construir una autopista de la información que cubra toda Cataluña.,

Por eso, para rentabilizar esas inversiones de Telefónica para continuar modernizando esa red, para no despilfarrar recursos, el proyecto de ley de telecomunicaciones por. cable incentiva la participación de Telefónica de España en las redes del futuro.

Sin embargo, lo más importante no es ese documento, técnicamente deficiente. El modelo de segundos operadores de ámbito regional que propone la Generalitat de Cataluña tendría la virtualidad de dinamitar cualquier posibilidad de generar rápidamente una competencia efectiva y española en nuestro sector de las telecomunicaciones. Y esto es así porque los servicios, los contenidos (que, por otra parte, son el gran ausente de las propuestas -de la Generalitat), que son la fuente de financiación de la actividad, se van a prestar en ámbitos mucho más amplios que el territorio de una comunidad autónoma.

Un segundo operador nacional de telecomunicaciones que compita verdaderamente con Telefónica lo podrá hacer si consigue economías de escala y de alcance en la prestación de servicios en todo el país, con independencia de que para hacerlo utilice las redes locales de los operadores de cable.

Si se fuerza a los operadores de cable a alcanzar una dimensión regional, ocupando así el espacio del segundo operador, el resultado final será el de operadores regionales subvencionados por los Gobiernos autónomos y, en consecuencia, un mercado fragmentado que será fácilmente presa de operadores globales de telecomunicación de otros países.

El proyecto de ley de telecomunicaciones por cable está en el Congreso de los Diputados. Se puede mejorar, seguro, incorporando sugerencias de los distintos grupos parlamentarios.

Pero será necesario recordar al consejero de Industria de la Generalitat que, de acuerdo con la Constitución Española y la doctrina del Tribunal Constitucional, las telecomunicaciones son una competencia exclusiva del Estado; que, en tanto no se apruebe la ley de telecomúnicaciones por cable, las únicas redes que se pueden instalar al amparo de una sentencia del alto tribunal son redes de televisión por cable, y no redes interactivas de telecomunicaciones; que la sentencia del Tribunal Constitucional también ampara a Telefónica, y que la utilización de redes para prestar servicios distintos al de televisión requiere de títulos habilitantes que sólo puede conceder el MOPTMA como Administración reguladora de las telecomunicaciones en España.