Expectativas inmobiliarias laten tras el conflicto vigués de la planta de basuras

Expectativas inmobiliarias laten en el fondo del conflicto del barrio vigués de Teis por la instalación en la zona de Guixar de una planta de transferencia de basuras. La declarada inquietud vecinal por los efectos medioambientales de esta planta solapa otro temor: la de una subsiguiente devaluación urbanística de terrenos del barrio llamados a convertirse en zona residencial de alto standing.

El barrio de Teis está poblado por unas 30.000 personas de extracción mayoritariamente obrera. Hoy, entre otros efectos de discriminación, ya es el núcleo urbano que padece el más alto nivel de ruido. El funcionamiento de la planta de basuras, con el consiguiente tráfico de los camiones que la transporten desde los distintos municipios de la comarca, acentuará el ruido y el deterioro de la calidad de vida del barrio.Los vecinos, que vienen protagonizando protestas y enfrentamientos con la policía para intentar evitar esta instalación, señalan además la normativa vigente sobre actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas, que la citada planta no cumpliría al enclavarse a 65 metros de las viviendas más próximas.

El impacto ambiental de la planta de Guixar, establecido por un estudio encargado por los propios afectados no ha sido públicamente especificado. En todas sus alegaciones y recursos judiciales sí se hace mención expresa, sin embargo, a la devaluación de los terrenos que ocasionará la instalación.

De acuerdo a las actuaciones previstas por el Ayuntamiento para esa zona, la ordenación urbanística del barrio será sometida a cambios drásticos en los próximos años a partir de la reforma que comienza este mismo año en terrenos ocupados por un polígono de depósitos de Campsa, que será reconvertido en un parque y en zona residencial de alto poder adquisitivo. A ello seguirán otras actuaciones en la larga fachada costera de la misma avenida de Guixar, que pondrá modernos edificios en lugar de los actuales, viejos y abandonados, y en el interior del barrio.

Los afectados admiten estas circunstancias como causa remota de su movilización contra la planta de basuras, ya que podría determinar una baja en la cotización actual de sus propiedades, que se revalorizarían después por el traslado a otro lugar de la planta de basuras.

En la vigilancia de las obras participan ahora los tres cuerpos de policía: la nacional, la autonómica y la local, simbolizando el compromiso de las tres administraciones de llevar adelante el proyecto. La comisión de afectados ha pedido al vecindario que suspenda sus incursiones en la zona de obras, "dada la gravedad de la situación y el riesgo evidente de vidas humanas".