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En Cruz Roja Española se firmaron 37 contratos blindados en los 10 últimos años

Alberdi fija la deuda de la entidad en 16.000 millones y presenta un plan de viabilidad

Cruz Roja Española acumuló en los últimos 10 años 37 contratos blindados (contratos con cuantiosas indenmizaciones en el caso de rescisión). Carmen Mestre firmó 13. Entre ellos destacan los 31 millones de indemnización de Luis Gutiérrez Blasco, director del Hospital Central, que el actual director de Cruz Roja, Juan Manuel Suárez del Toro, se ha negado a pagar. Los datos fueron revelados ayer en el Congreso, donde compareció la ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, para hablar de "la situación de extrema debilidad económica" de esta organización humanitaria.

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Luis Ramallo, diputado del PP encargado de seguir las vicisitudes de Cruz Roja Española, dijo que le producían "vergüenza" contratos tan sustanciosos en una organización humanitaria que se mueve, sobre todo, con el trabajo de voluntarios. Cristina Alberdi reconoció: "Es cierto. que algunos son llamativos; pero ha sido una práctica habitual en España en los últimos años, y parece que Cruz Roja también optó por ella". Entre 1985 y 1991 presidió Cruz Roja el socialista Leocadio Marín.Entre los blindajes destacan los 13 millones de indemnización que ha percibido el anterior secretario general, Pedro Ramos, que cobraba un sueldo anual de 8,3 millones; y los más de siete millones que se han llevado tanto José Ramón Bronet, coordinador general, como Mario Miranda, asesor jurídico. Los cuatro han salido de Cruz Roja a raíz del cese de Carmen Mestre como presidenta, el pasado mes de mayo. Las indemnizaciones han sido abonadas, excepto en el caso de Gutiérrez Blasco, ex director del hospital de Reina Victoria (Madrid).

Cristina Alberdi, que compareció en la Comisión de Política Social y Empleo durante casi cuatro horas, achacó la delicada situación económica de Cruz. Roja Española a su estructura desfasada y a su red de 22 hospitales. Y presentó una serie de medidas para liquidar las deudas. Cruz Roja debe 26.500 millones, pero contando que a ella le deben a su vez 10.500 millones, sus números rojos netos ascienden a 16.000 millones. De ellos, 11.400 pertenecen a deudas contraídas con la Administración; sobre todo con la Seguridad Social y Hacienda.

Hacer política

El PP, con Luis Ramallo al frente, se quedó solo en poner el acento en las críticas a Carmen Mestre. Tanto CiU como IU insistieron en que lo importante ahora es avanzar en la democratización de esta organización y en la reforma de su estructura hospitalaria. Francisco Arnau, del PSOE, le espetó a Ramallo: "El PP le trae a usted a esta comisión, a la que no pertenece, para hablar con frivolidad de un asunto de enorme trascendencia; lo que demuestra que al PP no le importa nada lo social".

Hubo momentos en que el tono se crispó de forma importante. Si Ramallo acusó al Gobierno de extender "el pulpo de, la corrupción felipista sin respetar ni a la Cruz Roja"; Arnau devolvió el ataque con otra: bala envenenada: "La única intención del PP es desgastar al Gobierno a costa de lo que sea; y para ello no duda en manipular y falsear los datos de una organización centenaria. Lo suyo es demagogia, tergiversación". Alberdi pidió el consenso: "Es obligación de todos salvar la institución".Aparte de los contratos blindados, el asunto que centró el debate sobre la gestión de Mestre fue la permuta de la sede central de Cruz Roja en Eduardo Dato (Madrid) -tasada en 1.600 millones- por un solar y un edificio en la carretera de La Coruña; edificio que parece no agradar al actual presidente, que ha insinuado su intención de volver al centro de Madrid. Alberdi recalcó que no hubo irregularidades en la permuta: "Pedí una auditoría externa sobre este caso; y la conclusión es que el valor que se dio al edificio de Eduardo Dato era el máximo de entonces (1990) en el mercado en esa zona de Madrid. Era el máximo". Y repitió la afirmación varias veces. "Otra cosa es la oportunidad o no de la permuta; pero el cambio no acarreó pérdidas para Cruz Roja y la presidencia tenía competencia soberana para llevar a cabo la operación".

Ramallo subrayó que Mestre había tardado nueve meses en informar sobre este asunto a la Comisión Nacional, desde que dio el primer paso para el intercambio en julio de 1990. Y volvió a recordar que la empresa con la que se hizo la transacción -Signo 22- obtuvo el mismo día de la venta un crédito hipotecario de la Caja Postal valorando el inmueble en 2.742 millones. Alberdi no quiso entrar en esta tasación de la Caja Postal, pero insistió en que la real era la otra, y que "era equivalente en términos económicos al nuevo edificio".

Un dato en el que todos coincidieron: el donativo de 200 millones que se comprometió a dar Signo 2,2 a Cruz Roja como parte de esa permuta fue rebajado a 161 millones -"no sabernos por qué", dijo Alberdi- y nunca se ha conseguido cobrar.

Sobre los contratos de Cruz Roja Española con el Club de Viajes-lGS (antiguo grupo empresarial de UGT), Ramallo dijo: "Qué casualidad que el director comercial de Viajes-IGS, Eduardo Velázquéz, estuviera casado con Carmen Moraga, responsable del Sorteo del Oro". Alberdi se limitó a contestar: "Esa relación de parentesco no provocó nada irregular".

Todos los grupos políticos lamentaron que estas polémicas puedan dañar la imagen de esta organización humanitaria, que está teniendo problemas de ingresos. En el Sorteo del Oro de este año se recaudaron 271 millones menos que en 1993.

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