El Ecofin urgirá a España a reducir el déficit "a un ritmo más rápido" del previsto

España deberá cumplir a rajatabla el compromiso de reducir su, déficit público al 5,9% del PIB en 1995 y deberá seguir reduciéndolo en los años siguientes "a un ritmo más rápido del que prevé el programa de convergencia", recientemente modificado, por el Gobierno. Esa es la recomendación, algo más estricta de lo conocido hasta hoy, que la Comisión someterá mañana al Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofin). Y esa es la condición básica para que España pueda acceder a la tercera fase de la unión monetaria, la moneda única. Si no entra en vereda, peligran los fondos de cohesión.

El texto de la recomendación de obligado cumplimiento que la Comisión someterá mañana a la aprobación de los ministros de Economía de los Doce es algo más exigente de lo que se conocía hasta hoy (vease EL PAÍS del 7 de octubre). En efecto, no sólo exige el estricto cumplimiento del compromiso de reducir el déficit público al 5,9% el año próximo, sino que también urge al Gobierno a reducirlo en los años siguientes "a un ritmo más rápido del previsto en el plan de convergencia, particularmente si el crecimiento es superior al previsto". La Comisión entiende que ese mayor ritmo de reducción "podría contribuir a estabilizar la tasa de deuda".En casi todos los casos, Bruselas entiende que las previsiones nacionales de crecimiento para los próximos años se quedan cortas y teme que los mayores ingresos derivados de la reactivación. económica no se empleen en sanear las cuentas públicas, sino en aumentar los gastos, una tendencia natural de los gobiernos.

Eso significa una cierta desconfianza del ejecutivo comunitario sobre la seriedad del proceso de ajuste, tanto en el caso español como en el de los otros nueve países (todos, salvo Irlanda y Luxemburgo), sometidos a vigilancia). En el caso de Grecia, aunque no se dice oficialmente, la desconfianza es máxima. El plan de convergencia español estima que el déficit bajará al 5,9% del PIB en 1995, al 4,4% en 1996 y al 3% en 1997, cumpliéndose así el requisito que el Tratado de Maastricht impone como condición para acceder a la moneda única. Y que la deuda se situará en el 65,9% el año próximo, el 67,5% en 1996 y el 67,2% en 1997.

El texto de la recomendación, que deja un espacio en blanco para que el Ecofin la endurezca o la matice, alaba las medidas ya tomadas para controlar el gasto público: la congelación de los sueldos de los funcionarios en este ejercicio; la revisión de las pensiones según la inflación esperada y la racionalización de los gastos en Sanidad y desempleo.

Pero al mismo tiempo exige al Gobierno -delicadamente, pues el texto, parecido a los otros nueve, debe ser aprobado en el Ecofin por mayoría cualificada una mayor decisión en la puesta en práctica de las reformas estructurales. Sólo así, entiende, se logrará frenar el consumo público, luchar contra el fraude fiscal y mejorar la eficacia de la gestión presupuestaria. El documento recuerda que todo. ello "dependerá" también de una "eficaz cooperación" entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.