CiU impide la investigación de las presuntas irregularidades de Planasdemunt y De la Rosa

Convergència i Unió (CiU) rechazó ayer en el Parlamento catalán la petición de todos los grupos de la oposición de crear sendas comisiones de investigación sobre los créditos otorgados por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y sobre el presunto uso irregular, por parte del financiero Javier de la Rosa, de un aval de la Generalitat destinado a la construcción del parque de Salou y Vila-seca. La sesión se desarrolló en un ambiente de gran tensión, hasta el punto de que el presidente de la Cámara, Joaquim Xicoy, ordenó la expulsión del portavoz del PP, Josep Curto. Era la primera vez desde la restitución del Parlament, hace 15 años, que sucedía algo semejante.

La intervención del portavoz socialista, Higini Clotas, salvó parcialmente la situación, al solicitar la suspensión del pleno cuando un ujier se disponía a cumplir la orden de Xicoy. Veinte minutos después, al reanudarse la sesión, el diputado conservador ocupo de nuevo su escaño.Curto había interrumpido a gritos al convergente Raimon Escudé cuando éste dijo desde la tribuna que Curto no había acudido a la sesión de la Comisión de la Sindicatura de Cuentas en la que se debatió el informe sobre el ICF. El portavoz del PP reiteró a voces que no era verdad. Xicoy le llamó al orden dos. veces, pero Curto no hizo caso y tampoco, obedeció la orden de expulsión, por lo que el presidente dijo al ujier: "¡Haga el favor de retirarlo de la sala!".

Cuando el ujier ya se veía en el trance de tener que sacar a Curto de la sala, Clotas consiguió , que Xicoy suspendiera el pleno por unos minutos. La junta de portavoces decidió que, si se excusaba ante Xicoy, Curto volviera al hemiciclo para poder desmentir a Escudé.

En el transcurso de la sesión, ERC, IC y el PP pidieron la di misión del consejero de Economía, Macià Alavedra, a quien señalaron como responsable político de los casos Planasdemunt (ex director del ICF, condenado por estafa) y De la Rosa. Los socialistas apoyaron la creación de sendas comisiones de investigación, pero no secundaron al resto de la oposición en la solicitud de dimisión de Alavedra.

Deudor del pacto entre el Gobierno y los nacionalistas catalanes, el PSC se limitó a insinuar, por boca de Martí Carnicer, la existencia de responsabilidades políticas en la concesión de los avales del ICF y en el mantenimiento de Planasdemunt en su cargo, a pesar de que Alavedra sabía que realizaba actividades privadas incompatibles.

Pero si los socialistas no pidieron el cese del consejero de Economía, el resto de la oposición (ERC, Iniciativa per Catalunya y PP) lo solicitó por partida doble: por el uso presuntamente irregular de 1.000 millones de pesetas de un aval de 10.000 millones que la Generalitat concedió a De la Rosa y éste destinó temporalmente a fines particulares, y por la concesión de créditos y avales a empresas catalanas por parte del Instituto Catalán de Finanzas, que a juicio de la oposición está regida por intereses partidistas y clientelares de los nacionalistas de CiU.