El Estado retira a Demart el control de los derechos de autor del pintor

"Cortar por lo sano". Con esta contundencia ha resumido el director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, José Guirao, la radicalidad de la decisión que dio a conocer en Figueres: la rescisión, el pasado día 13 de septiembre, del contrato de explotación de los derechos de imagen de la obra de Dalí a la sociedad Demart Pro Arte. Demart, propiedad del antiguo secretario del pintor, Robert Descharnes, debía explotar estos derechos inicialmente hasta el año 2004. No obstante, en una reunión que el pasado julio mantuvo la citada sociedad con Cultura se acordó anticipar ese plazo de vencimiento, que ahora Demart cree que ha sido avanzado unilateralmente por parte de la Administración.La Fundación Gala-Dalí será la encargada de gestionar los derechos con el fin de emplear los beneficios en la conservación del legado daliniano. "En lo sucesivo, todas las personas que tenían relaciones con Demart deberán dirigirse a la Fundación", señaló Guirao. Hasta ahora, se ha notificado el cambio a 40 empresas que tenían contratos con Demart, pero se calcula en un centenar las sociedades que mantenían relaciones comerciales con la firma.

Descharnes, en contra

Robert Descharnes ha manifestado su desacuerdo con la medida. Aún no se sabe si el representante de Demart emprenderá acciones legales contra la decisión. Por su parte, Guirao y el presidente de la Fundación, Ramon Boixadós, no tienen dudas sobre la legalidad del procedimiento empleado. Según indicaron ambos, el contrato firmado por Dalí antes de morir tiene calidad de lo que en términos jurídicos se llama su mandato. Esta interpretación jurídica -contemplada en el artículo 1732.3 del Código Civil español- implica, tal como dijo Boixadós, que "al fallecer la persona el mandato expira automáticamente". También especificó que la rescisión de los derechos de Demart afecta a todos los contratos suscritos con la empresa.

José Guirao añadió que antes de la rescisión del contrato "se había intentado llegar a un acuerdo por la vía pacífica". Sin embargo, tras dos años de negociaciones, las conversaciones naufragaron definitivamente "a la vista de que todo lo que se conseguía era perder el tiempo" y ante la evidencia de que Demart continuaba suscribiendo contratos cuyas condiciones, según Guirao, "nos parecían en desacuerdo con la gestión de los derechos".