España se opone radicalmente al arranque de 340.000 hectareas de sus viñedos como pide la UE
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea inician hoy en Bruselas la recta final para la aprobación de la reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del vino propuesta por la Comisión de la Unión Europea. La reforma en sus términos actuales puede suponer para España la eliminación de 340.000 hectáreas especialmente en zonas como Castilla La Mancha sin otras alternativas de cultivo, la pérdida de 30.000 puestos de trabajo fijos y más de ocho millones de jornales en el campo y la industria. En definitiva, la desertización y el empobrecimiento de regiones donde el viñedo es el motor de su economía.La Administración española rechaza- frontalmente el actual proyecto. Sin embargo, dados los altos intereses para su aprobación que tienen otros países como Francia o Alemania, en medios oficiales se darían por buenas modificaciones que supusieran mayores fondos para recortar el rendimiento de las actuales explotaciones en lugar de los grandes recursos destinados simplemente al arranque. España cuenta con el apoyo de Italia y en líneas generales de toda la agricultura mediterránea, aunque parecen insuficientes para el bloqueo total del proyecto.
La reforma del mercado del vino se enmarca dentro del conjunto de reformas de diferentes sectores en la Política Agrícola Común (PAC) tanto con el fin de reducir los gastos comunitarios, como para la adaptación de los respectivos mercados a las exigencias del GATT. En 1992, Bruselas modificó las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM) de productos como cereales, tabaco, vacuno y oleaginosas. Ahora están pendientes otras como vino, azúcar, frutas y hortalizas y aceite de oliva.
La reforma propuesta por la Comisión parte de la existencia de unas producciones medias en todos los países miembros en torno a los 190 millones de hectolitros frente a un consumo comunitario de unos 136 millones que experimenta además una reducción media anual del 1,5%. De acuerdo con estos datos y con el fin de proceder a un ajuste de los mercados, la Comisión plantea una reducción de la producción nacional de referencia, distribuida por países, de 154 millones de hectolitros. Esto supone un descenso para toda la Unión Europea de 35,6 millones de hectolitros.
Para España, la propuesta supondría pasar de una producción media histórica de 36,7 millones de hectolitros a solamente 29,2 millones, lo que significa un recorte de 7,5 millones de hectolitros equivalentes a unas 340.000 hectáreas.
Todos los países y sectores están de acuerdo en la necesidad de proceder a una reforma de la OCM del vino para impedir que se produzcan los actuales altos excedentes. Sin embargo, las diferencias se hallan en los métodos elegidos.
Planes de ajuste
La propuesta contempla como eje de sus actuaciones el recorte de las actuales superficies de viñedos con el fin de lograr en cada país un ajuste al máximo entre la oferta y la demanda. De acuerdo con este proyecto, cada Estado miembro debería proceder a unos planes de ajuste en sus producciones y rendimientos con el fin de lograr a medio plazo unas cosechas medias en los niveles fijados como producciones de referencia. Para lograr este objetivo, se plantean fundamentalmente dos vías. La primera se basa en los puros y simples arranques de viñedos. La segunda consiste en una serie de actuaciones encaminadas a reducir los rendimientos de cada explotación tanto en base a la aliminación de las prácticas de laboreo como por la vendimia en verde o corta de las uvas en los meses de mayo y junio para evitar que ese producto sea destinado para su transformación en vino.
La propuesta de la Comisión contempla financiar al 100% todas las actuaciones de arranque de viñedo aumentando además los fondos para estos fines. Mientras con la actual normativa se puede hablar en España de una media de subvención por hectárea arrancada de 400.000 pesetas, con la aplicación de la reforma, esas ayudas por arranque podrían situarse en una media de 700.000 pesetas, lo que supondría traer para el sector unos 200.000 millones de pesetas.
Para las acciones de laboreo, vendimia en verde etcétera, encaminadas a reducir los rendimientos de la explotación pero manteniendo las superficies de viñedos, la propuesta contempla sólamente una cofinanciación comunitaria junto a la aportación económica de los Estados miembros. En España ello podría suponer que, por falta de fondos nacionales, los agricultores optasen por el arranque ante la certeza de tener el pago asegurado por Bruselas. Las ayudas por las prácticas de vendimia en verde contempladas por la propuesta se sitúan en unas 50.000 pesetas.
Como instrumento de presión complementario para que los agricultores ajusten sus superficies y producciones de cultivo para producir la cantidad de referencia fijada por Bruselas, la propuesta contempla una reducción progresiva de los precios de las entregas de vino a la intervención para su quema hasta el punto que no sean de interés para los viticultores. En ese momento se provoca tambien el arranque o el abandono como la única vía.
La propuesta de reforma a debate en Bruselas, a diferencia de lo ha sucedido con otros sectores con OCM reformadas, prevé un recorte de los gastos del Feoga para el sector vitivnícola de un 30% sobre los 1.600 millones de ecus actuales.
