Todos en contra
V. M., Han sido muchas las actuaciones comunitarias que han desatado las protestas en el sector agrario español, desde las cuotas lecheras a las tasas en los cereales. En ningún caso han logrado ni la intensidad ni los apoyos generalizados desde todos las organizaciones e instituciones. La reforma propuesta para el vino es rechazada por la Administración, por todos los partidos políticos de forma individual y en conjunto por el Parlamento y el Senado. En contra de la reforma están todas las comunidades autónomas, cientos de ayuntamientos y la base de una población afectada que ya inició en su día la recogida de firmas.
Contra este proyecto de reforma en el marco comunitario se ha manifestado el Parlamento Europep Comite Económico y Social, él Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias y el Comité de Regiones de Europa.
"Estamos en contra del arranque del viñedo, no solamente con carácter obligatorio sino tambien aunque se trate de arranques voluntarios. Aunque puedan beneficiar a un individuo es algo negativo para el conjunto de las economías regionales, señala Gregorio Martín Zarco, cooperativista y viticultor machego y presidente de la llamada Mesa del Vino donde se han dado cita todas las organizaciones interesadas en la defensa del sector.
"Para nosotros, al igual que para la producción", señalan fuentes industriales, "la reforma es negativa. Se desplazará la producción y la comercialización del vino español frente a los países del norte. Se apoyaría así a los comerciantes y a la industria de otras zonas y peligran muchas exportaciones."
Beneficios para el norte
Porque junto a la política de arranques o reducción de rendimientos por hectárea para ajustar la producción a la demanda de vino en la Unión Europea, la propuesta contiene elementos contradictorios en beneficio de los países del norte. La Comisión, aunque ha introducido algunas pequeñas limitaciones, plantea el mantenimiento de las prácticas de chaptalización o de enriquecimiento artificial del vino en base a la adición de sacarosa. Se trata de una práctica utilizada especialmente por los países del centro y norte de la Unión Europea ante la baja graduación de sus vinos. Sólamente la supresión de este tipo de acciones supondría una demanda añadida en el mercado de los mostos de entre 15 y 20 millones de hectolitros.
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