Economía revela pactos de precios en el sector lácteo

El mercado de la leche no es libre. O por lo menos, no lo fue entre septiembre de 1991 y mayo de 1992, el periodo revisado por el Ministerio de Economía. Tras dos años de investigación y 4.000 folios, este departamento considera probado que la patronal láctea recomendó a sus asociados comprar la leche a un precio determinado. Al menos 49 empresas aprovecharon estas directrices. Todas se enfrentan ahora a duras sanciones económicas si el Tribunal de Defensa de la Competencia falla en línea con el dictamen de Economía.El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, considera que las circulares que periódicamente envía Fenil (Federación Nacional de Industrias Lácteas) a sus empresas afiliadas van más allá de simples informes técnicos para adentrarse en la ilegalidad más flagrante. "Se ha considerado que la información que facilita Fenil a sus asociados", dice la resolución, "va más allá de un informe de calidad de la leche, ya que en dicha circular figuran además los porcentajes cuantificados en pesetas que deben aplicarse a partir de una fecha determinada".

Las 49 empresas incluidas en el expediente -entre las que figuran algunas tan conocidas cómo Clesa, Danone, Nestlé o Leche Pascual- aplicaron estrictamente estas recomendaciones. Compraron la leche a 37 pesetas por litro en septiembre de 1991. Y bajaron el precio a 31,5 pesetas por litro en mayo del año siguiente, siguiendo siempre las instrucciones de la patronal.

Las industrias lácteas se defienden argumentando que el precio final que recibe el productor depende de un proceso muy complicado, en el que influyen factores como el precio de la leche en el extranjero o "el protagonismo de los líderes del mercado".

Idénticos precios

"Todos estos argumentos", dice la Dirección de Defensa de la Competencia en su informe, "obligan a pensar que nos encontramos ante un mercado verdaderamente complejo y, por tanto, no se entiende cómo es posible que un número tan importante de empresas aplique mes a mes idénticos precios base". Para el Ministerio, cada industria debe aplicar unos precios según las negociaciones que sostenga con sus proveedores, y no en función de las indicaciones de la patronal, por mucho que se basen en complejos estudios técnicos.Las investigaciones, en una industria que factura 70.000 millones de pesetas al año y emplea a 21.000 personas, fueron complicadas. Economía pidió una ingente cantidad de información a todas las partes implicadas. Fenil tuvo que entregar una copia de sus estatutos, un listado de sus asociados y las actas de las juntas celebradas en aquellas fechas. Un grupo de industrias lácteas tuvo que informar de los precios base abonados a sus proveedores a lo largo de 12 meses. "Como consecuencia de estas actuaciones", asegura el informe, "se conoció que tanto las industrias como los sindicatos comentaron y aseguraron en los medios de comunicación que la Industria pagaría un precio de 37,5 pesetas por litro aquel invierno".

El sindicato agrario Unión de Pequeños Agricultores (UPA) fue la organización que presentó la denuncia contra Fenil y las 49 empresas lácteas ante él Tribunal de Defensa de la Competencia en junio de 1992 y que ha dado origen al informe emitido ahora por el Ministerio de Economía.