Carlos Andrés Pérez cambia la cárcel por la comodidad de su casa

El expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez nunca quiso mudarse de prisión, aunque fuese para dormir en su propia casa, porque siempre alegó que no quería "tener privilegios ante la justicia", que le ha procesado por malversación de fondos reservados. Sin embargo, el Tribunal Supremo decidió otorgarle el martes el beneficio del arresto domiciliario, como pedían sus abogados, al igual que a su ex ministro del Interior Alejandro Izaguirre, porque ambos son mayores de 70 años, según lo establecido en el Código Penal venezolano.

La nueva prisión de Pérez es su domicilio, ubicado en la finca La Ahumada de la urbanización Orituco del municipio El Hatillo, a 20 kilómetros de Caracas. Pérez no ha regresado a su residencia oficial, la quinta Soto y Mar de Prados del Este, porque considera que todavía está arrendada.Tanto el ex mandatario como su ex ministro Izaguirre, no podrán salir de sus respectivos lugares de reclusión domiciliaria sin autorización del Tribunal Supremo. Seguirán bajo el régimen de personas procesadas, con los derechos y limitaciones propias de su condición. También contarán con vigilancia policial. Si no se cumplen estas condiciones se procederá a la revocación de la reclusión domiciliaria.

Desde el 18 de mayo pasado, fecha en que el Supremo ordenó su arresto preventivo en la prisión del Junquito, Pérez se ha negado a utilizar el beneficio del arresto domiciliario, a pesar de tener 71 años, por considerarse víctima de una confabulación política. Es la primera vez en 36 años de democracia que Venezuela tiene a un ex presidente preso, lo que influye en la popularidad del líder.

Sin embargo, su proceso judicial ha quedado en segundo plano por las medidas intervencionistas que ha tomado el presidente Rafael Caldera, a raíz de la crisis bancaria y financiera y la suspensión de las garantías constitucionales. "Vamos hacia la disolución del Congreso", dijo Pérez cuando abandonaba la cárcel.

El proceso del ex presidente continuará dentro de un mes con una audiencia de Pérez ante los acusadores. Uno de ellos, el abogado de la acusación particular Omar Meza, presentó ante el tribunal el escrito de cargos y pidió a los magistrados del Supremo la pena máxima de 13 años de cárcel para Pérez por malversación de fondos públicos.