IU garantizará la aprobación de la ley del aborto, aunque intentará que sea gratuito

Los 18 votos de Izquierda Unida (IU) y los 159 del PSOE superan los necesarios para aprobar en el Congreso de los Diputados la ampliación del aborto, que, por tratarse de una ley orgánica, exige mayoría absoluta: 176 votos. Izquierda Unida anunció ayer que tratará de obtener el aborto gratuito, pero que no negará sus votos al texto que amplíe la vigente despenalización. En cuanto a la oposición social y religiosa, una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestra que en 1993 el 48% de los españoles rechazó la condena al aborto realizada por la Iglesia católica.

Frente al principal escollo par lamentario y jurídico de la ley -su constitucionalidad-, la secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el anteproyecto de ley "está hecho en el marco de la Constitución, ya que respeta la protección eficaz de los derechos fundamentales de la mujer a la libertad, la integridad y la intimidad y, al mismo tiempo, establece mecanismos eficaces de tutela del bien jurídico que consiste en la vida en formación". Fernández de la Vega explicó que "la Constitución no dice en ningún sitio que la protección de la vida haya de hacerse por la vía penal, sino que existen otros mecanismos en muchas ocasiones más efectivos". Tales mecanismos son el asesoramiento a la mujer embarazada y la información sobre las ayudas disponibles, que figuran en el anteproyecto, por lo que "está dentro del marco de la Constitución dijo, "y es una ley suficientemente razona ble para que cuente con apoyo suficiente en el Parlamento".Garantizados los votos

Otras fuentes de Justicia e Interior aseguraron que "están hechos todos los cálculos y garantizada la aprobación de la futura ley, incluso sin contar con la libertad que algunos grupos den a sus diputados". El portavoz de CiU, Miquel Roca, estimó ayer "previsible que el Gobierno quiera confiar la suerte de este proyecto de ley a un acuerdo con IU, no con CiU", y anunció que Convergència Democrática dará libertad de voto a sus 12 diputados.

En cambio, Josep Antoni Duran Lleida, anunció ayer que los cinco diputados democristianos de Unió Democrática votarán contra la ley y dijo que Unió "se deberá replantear el apoyo a los socialistas si se amplía el derecho al aborto".

El portavoz adjunto de IU, Diego López Garrido, aseguró que "votarán a favor de un proyecto de ley que beneficie y favorezca a las mujeres y deje en sus manos la decisión efectiva y real sobre la interrupción del embarazo". Anunció que en la tramitación parlamentaria se luchará para garantizar el aborto gratuito. López Garrido -que es catedrático de Derecho Constitucional- criticó que se use la constitucionalidad como arma política, "que muestra la debilidad de los argumentos que se esgrimen". El diputado de IU recordó que la Constitución es un marco que permite opciones legislativas de izquierda o de derecha y, respecto a la protección del feto señaló que "el anteproyecto protege incluso penalmente al nasciturus en la inmensa mayor parte de la gestación, ya que castiga el aborto libre tras las 12 primeras semanas".

Una solución laica

Respecto a la multitud de reacciones contrarias al aborto, la secretaria de Estado de Justicia expresó su respeto a la Conferencia Episcopal, pero recordó: "Tratamos de ofrecer una solución al problema desde la perspectiva de un Estado laico". El arzobispo de Barcelona, Ricard Maria Carles, hizo ayer un llamamiento a "la clase médica y al mundo de la judicatura" para que se opongan mediante la objeción de conciencia a la práctica de abortos.

Un estudio del CIS revela que, mientras que en abril de 1992 el 43 % de los españoles apoyaban la condena al aborto realizada por la Iglesia Católica y sólo un 41 % discrepaba, la misma pregunta, formulada en junio de 1993, supuso que el 48 % se pronunciase contra de la condena eclesial y únicamente el 40 % a favor. Los antiabortistas radicales están en torno al 13 %.