Cada año se hacen 5.000 millones de fotocopias de libros, según los editores españoles

Una oferta excesiva de títulos en el mercado, unos 170.000 en 1992, y la competencia que representan las publicaciones institucionales, que en comunidades como La Rioja alcanzan el 85%, son las principales dificultades que gravan el mundo editorial español. Otra no menor preocupación son los 5.000 millones de fotocopias de libros que se hacen anualmente, y que suponen pérdidas superiores a los 45.000 millones de pesetas sobre derechos de autor y edición. En este sentido, el centro de control la reprografía amenazó ayer en Granada, durante el primer congreso de editores, con recurrir a la vía penal para que las copisterías paguen un canon anual compensatorio.

Fermín Vargas, presidente de los editores españoles, admitió que hay un exceso de oferta de títulos que no puede ser absorbida por los canales de comercialización ordinarios. Esta circunstancia ha obligado a los editores a buscar sus propios huecos o nichos a través de los cuales promocionar sus publicaciones. Sin embargo, en el curso de las intervenciones, el asunto que más interés suscitó fue el relativo a las publicaciones institucionales.Mientras que los editores mostraron su disgusto por la "competencia anómala" que supone ese 20% o 25% que acaparan las ediciones de la Administración, los representantes institucionales aseguraron que se limitaban a cubrir un vacío que no llena la iniciativa privada a causa, casi siempre, de las pocas expectativas de ganancia. Durante la intervención de los consejeros de Cultura de algunas comunidades autónomas quedó patente que la actividad editorial pública es mayor en aquellas regiones con menos editoriales o territorialmente más pequeñas.

El papel del Estado

El consejero de Cultura de La Rioja, Miguel Ángel Ropero, admitió que las publicaciones oficiales suponen un 85% del total. "Si la comunidad no fuera la principal editora, no se cubrirían determinados huecos que para la iniciativa privada no generan beneficios", dijo. Un invitado del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) defendió la colaboración institucional en las publicaciones y aseguró que la reducción del papel inversor del Estado podría ser una experiencia peligrosa.

El director general del Libro, Francisco Bobillo, centró u intervención en el papel del Gobierno para formar a futuros lectores y como difusor del libro español en el extranjero, sobre todo en los países hispanohablantes. Bobillo, sin embargo, admitió que hay serias dificultades para celebrar una conferencia iberoamericana de editores debido a que España es el único país dispuesto a colaborar económicamente en u organización.

Fermín Vargas mostró en nombre de los editores su preocupación por el mayor decremento de las ayudas gubernamentales a la promoción del libro respecto a las que distribuye el Estado a otros sectores como el teatro, la música y el cine. En 1994, las ayudas al libro significaron, respecto al año anterior, un descenso del 23,5%, en concreto 703 millones de pesetas menos. Frente a ello, la subvención para la música se elevó en un 20%, y en sectores como el teatral y el cinematográfico el descenso fue más suave.

Francisco Bobillo admitió que para el año que viene las previsiones indican que a lo sumo se mantendrá la subvención en la misma cifra de 1994. Bobillo reconoció también, a propuesta de los editores, la falta de un plan efectivo de bibliotecas escolares, y trató de revertir la responsabilidad sobre las comunidades autónomas, sobre todo las que aúnan en un mismo gabinete cultura y educación. Al hilo de esta intervención, los editores exigieron una comisión interministerial a la que recurrir para la comercialización del libro.

Fracaso de la recaudación

Por su lado, Miguel Mangada, director del Centro Español de Reprografía, valoró en 5.000 millones las pérdidas que sufren los derechos de autores y editores debido a la reproducción mediante fotocopias de los libros. Mangada admitió que la recaudación anual del canon compensatorio impuesto a los negocios de copistería ha sido un fracaso. Sólo un porcentaje mínimo ha accedido a pagar dicha tasa, por la que apenas se han recaudado 25 millones anuales. Mangada se mostró dispuesto a promover judicialmente embargos contra aquellas empresas que se resisten a pagar el canon, que supone un 2% de las pérdidas reales por reproducción indiscriminada de originales impresos. "Hay una falta dramática de sensibilización social. La Administración tampoco ha rematado el derecho de autor enunciado en la ley de propiedad intelectual". El centro, que agrupa al 95% de los editores y a más de mil autores, pretende también que no se permita fotocopiar más de un 10% de los impresos.