12.000 millones no han eliminado en ocho años ni la mitad de las chabolas de la capital

La experiencia puesta en marcha en 1986 con el Consorcio para el Realojamiento ¿le la Población Marginada para eliminar de Madrid los barrios de chabolas está fracasando. Los aciertos se han empañado por la tardanzacon que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han aportado viviendas para alojar a las 2.673 familias censadas ese año en favelas. Durante 1993 facilitaron 16 pisos. No sólo no se han entregado casas para esos chabolistas -sólo 1.000 viven en pisos en altura-, sino que han aparecido al menos otras 600 entonces no censadas. Las administraciones se han gastado en estos ocho años unos 12.000 millones de pesetas, pero no han erradicado esta "lacra tercermundista", como se la califica oficialmente.

El nuevo gerente de este Consorcio de Realojamiento, Julio Fernández Mato, nombrado hace un año con el objetivo de reducir los gastos y la plantilla sobredimensionada de este organismo, entiende que el consorcio ha sido "un instrumento eficaz" para controlar el problema, aunque es muy crítico con las dos administraciones que le propusieron para el cargo, "por sus incumplimientos". Los responsables del Ayuntamiento y la de Comunidad concluyeron, hace un año, que el consorcio se había convertido en un aparato burocrático que costaba mucho dinero. La plantilla se redujo de 113 a 69 personas y ese paso costó 45 millones en indemnizaciones y provocó, pese al acuerdo del comité de empresa, conflictos judiciales. Éstos, además, siguen sin resolverse porque algunos trabajadores han tenido éxito con sus recursos.Demasiada plantilla

El nuevo gerente del Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada, Julio Fernández Mato, asegura que, pese al recorte de plantilla y de presupuesto, se continúa prestando los mismos servicios que en el pasado al haber implicado en varios proyectos a otras administraciones. La responsabilidad sobre la educación de adultos se ha trasladado a otras instancias. Fernández Mato calcula el ahorro anual en 142 millones de pesetas. Los salarios de los trabajadores se congelaron y el del gerente se rebajó.

El gran fracaso del consorcio, y por tanto del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, es su principal fin: el realojamiento. En 1986 se censaron 2.673 familias en chabolas y se señaló que en el plazo de dos años (1988-1989) deberían estar todas realojadas. Era un tratamiento de choque que se ligó a las 40.000 viviendas que al final sí se construyeron -con la aportación del Estado- en el plan de barrios en remodelación para vecinos de distritos de la periferia que habitaban en infraviviendas.Del censo original de chabolistas se ha dispersado por bloques de pisos de la ciudad a 1.000 familias. Son las que están en condiciones óptimas y no producen prácticamente ningún tipo de conflicto. Hay otras 650 realojadas en lo que se conoce como asentamientos provisionales, campamentos de sanquis [prefabricados] que se alquilan a 2.500 pesetas el mes, y en viviendas de tipología especial, simulacros de casas adosadas que pueden costar hasta 20.000 pesetas mensuales. Estas construcciones les suponen a las administraciones un gasto medio de cinco millones de pesetas por unidad.

En estos momentos quedan 1.100 chabolistas en sus favelas. A éstas se les han incorporado otras 600 no censadas con fenómenos tan peculiares como los poblados de Peñagrande (200 familias magrebíes concentradas) o Pitis (100 portuguesas).

Si el consorcio no existiese, el censo actual, sin embargo, se habría multiplicado -según cálculos del propio consorcio- hasta 4.827 familias, porque no se habría controlado el crecimiento vegetativo, ni los cambios de núcleos chabolistas, y no se habrían derribado las casetas ilegales.

Las administraciones, de cualquier manera, no han cumplido su compromiso. El Instituto de la Vivienda de Madrid (de la Comunidad) aportó el año pasado seis pisos al consorcio, y la Empresa Municipal de la Vivienda (del Ayuntamiento), diez. Tampoco se han hecho más casetas adosadas, y las obras previstas para La Celsa -el poblado más conflictivo- se paralizaron en noviembre de 1992.

"¿Por qué no se han entregado las viviendas al ritmo deseable?", se pregunta el gerente del Consorcio. "Hubo un punto de inflexión cuando los vecinos de Villaverde, encabezados por Nicanor Briceño, paralizaron en septiembre de 1991 las obras en Los Molinos para los chabolistas de Los Focos y Altamira", se contesta Fernández Mato.

El gerente no se engaña: "El resto son retrasos de las administraciones, que sólo han impulsado los realojamientos cuando les afectaba para sus proyectos urbanísticos, carreteras, polígonos o hipermercados".

El consorcio, en teoría, no regala viviendas. Las alquila. La gestión del cobro de esos arrendamientos no es buena. El porcentaje de devoluciones fue del 52% durante 1993. Deberían recaudarse al año 91 millones de pesetas y se pierden 39. En los últimos 12 meses ese porcentaje de impagados se ha reducido al 35% y se acerca al de las casas sociales del Ivima o de la EMV (25%).