Resistencia a la nueva política de subvenciones

La Unión Europea (UE) gasta más de la mitad de su presupuesto en su política agrícola. Hace unos años gastaba todavía más, casi los dos tercios, que iban a la subvención de montañas de carne, mantequilla y trigo, muchas veces producidos mediante sistemas de explotación muy perjudiciales para el medio ambiente.La reforma de la PAC (Política Agrícola Común) en mayo de 1992 ha empezado a sustituir las ayudas a los, precios y a las exportaciones por ayudas directas a los agricultores y ha planteado la necesidad de vincular las subvenciones al mantenimiento del equilibrio ecológico en el medio rural.

Esta orientación no ha hecho nada más que empezar y ha topado ya con la enorme resistencia de los grupos de presión agrarios, especialmente fuertes y agresivos en países como Francia, que se niegan a aceptar un horizonte del que desaparezcan las subvenciones y en el que muchas tierras agrarias sean devueltas al bosque.

La oposición de estos grupos, que consiguen con frecuencia una buena resonancia en el Parlamento Europeo (PE), se ha ensañado primero contra la reforma de la PAC en 1992 y luego contra el acuerdo agrario dentro de la Ronda Uruguay.

La presión en contra de las subvenciones agrarias se produce, a nivel internacional, en. los paneles y negociaciones del GATT (Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio) que se transformará en enero próximo en OMC (Organización Mundial de Comercio). Pero también se desarrolla dentro de la UE, donde las necesidades presupuestarias son cada vez mayores y crecen las reticencias a aumentar las aportaciones de cada uno de los países socios.

Un tercer elemento puede conducir a aligerar todavía más la PAC en los próximos años. La ampliación hacia el Este con el ingreso de países muy. agrarios como Polonia o Hungría es imposible en las actuales circunstancias, Ya que convertiría a la PAC en una carga insoportable para el presupuesto.

El sector pesquero europeo ofrece también, como en la agricultura, una contradicción a veces sangrante entre los intereses más inmediatos de los pescadores, que desean legítimamente preservar su trabajo y su nivel de vida, y el mantenimiento de los recursos y del equilibrio. El ingreso de los nuevos países socios en enero próximo, y en concreto de Noruega -si sus ciudadanos lo desean-, introducirá un punto de vista nuevo en los debates parlamentarios, por cuanto es el país que tiene una política pesquera más afinada y proteccionista de toda Europa.

El ingreso de los países nórdicos significará también un reforzamiento de las posiciones más ecologistas dentro del Parlamento. Hasta ahora, aunque la eurocámara ha sido una caja de resonancia para numerosos problemas medioambientales, el peso de los grupos de intereses y de los Estados ha lastrado la acción parlamentaria.

El nuevo Parlamento se verá obligado de forma mucho mas directa a seguir el Tratado de Maastricht, que propugna la acción preventiva, el principio de que paga quien contamina y la obligación de integrar los aspectos medioambientales en cualquier política. No faltarán las fuerzas que sugieran la inhibición de la UE y de su cámara electa en nombre del principio de subsidiariedad, que obliga, a tomar las decisiones en el nivel más próximo al ciudadano.

La composición del Parlamento que salga del 12 de junio será, en este sentido, muy decisiva para la conservación de la influencia de los grupos de presión sectoriales, que pugnan por preservar el estado de las cosas y el mantenimiento de políticas nacionales sin apenas cooperación, o para la aparición de una política europea del medio ambiente.