Los países ricos hacen frente común para incluir la cláusula social en el nuevo orden comercial

La conferencia, que fue inaugurada por el príncipe heredero de Marruecos; Sidi Mohammed, se calentó al salir a flote el tema candente del dumping social esgrimido por Estados Unidos contra países pobres. El ministro francés de Industria y Comercio, Gerard Longuet, ha acordado con Mickey Kantor, el representante de Comercio de EE UU, discutir la cláusula social en el seno de la OCDE y el Grupo de los Siete "para avanzar de forma concretaLos países en vías de desarrollo ven en esta iniciativa una forma de proteccionismo encubierto. Un obstáculo que parecía salvado la semana pasada, la inclusión de una cláusula social -que garantiza unos derechos mínimos a los trabajadores- en la nueva OMC, vuelve a ensombrecer la feliz ratificación de la Ronda Uruguay.

"La cuestión social no puede ser un tabú entre los participantes de la economía mundial", insistió ayer Brittan en la sesión de apertura de la conferencia ministerial del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) que comenzó ayer. "La OMC debe ocuparse de asuntos como la explotación infantil, el trabajo forzado o la prohibición a los trabajadores de asociarse libremente" añadió el comisario, quien la semana pasada había criticado a EE UU y a Francia por reivindicar la cuestión social antes de la firma del Acta Final de la Ronda Uruguay ("No es el momento ni la forma").

Brittan, con todo, lanzó una advertencia a Estados Unidos: "Debe haber las salvaguardas adecuadas para evitar las acciones unilaterales o proteccionistas (en clara referencia a las constantes amenazas estado unidenses) y los países en vías de desarrollo deben ser capaces de beneficiarse de sus ventajas naturales, ejercitar su derecho al desarrollo económico y mantener unas políticas domésticas compatibles con su nivel de desarrollo".

Con la cláusula social, los gobiernos de los países desarrollados pretenden calmar el temor a que una liberalización comercial de esta envergadura, que implica una mayor competencia de países con bajos costes salariales, presione a la baja las rentas y los beneficios sociales de sus trabajadores. La presión es aún mayor por las elevadas y persistentes tasas de desempleo que sufren la mayoría de estas economías.

La insistencia estadounidense coincide con la presión que está ejerciendo sobre su economía un elevado déficit comercial (el pasado año, esté desequilibrio superó los 100.000 millones de dólares) y teme que la liberalización prevista en los acuerdos de la Ronda Uruguay empeore esta situación. Kantor, abogado laboralista de profesión, comulga con las preocupaciones de los sindicatos estadounidenses que en su momento se opusieron a la aprobación del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá por la amenaza que los bajos salarios mexicanos suponían sobre sus rentas.

Francia, comprometida

Francia, que junto a Estados Unidos, ha sido el país occidental más comprometido con la inclusión de la cláusula social en el nuevo orden comercial, presionada sobre todo por sus sindicatos, es partidaria de formar un frente común entre los países ricos. Su ministro francés de Industria y Comercio, Gerard Longuet, aseguró ayer, tras reunirse con Mickey Kantor, que el dumping social será debatido en la próxima reunión de la OCDE, que agrupa a los 24 países más industrializados, y en la cumbre de jefes de Estado del G-7 el próximo mes de julio. Longuet negó que detrás de esta reivindicación hubiera intenciones proteccionistas, como critican los países en vías de desarrollo.

Los librecambistas y los países en vías de desarrollo coinciden en este caso en alinearse en contra de la cláusula social, una iniciativa que, en su opinión, encubre prácticas proteccionistas. El Grupo de los 15, los países en vías de desarrollo, ha mostrado su rechazo frontal a relacionar el comercio con un cierto bienestar social. Los miembros del G-15 advirtieron ayer que si los países ricos exigen la cláusula social los más pobres pedirán que se le aligere el peso de la deuda externa que absorbe gran parte de los ingresos en divisas y que eliminen las restricciones a la la entrada de emigrantes.