Las tierras del amo
Los vestigios de un sistema feudal amenazan con el desahucio a una familia gallega
A María Candal la bendijo la naturaleza con el don de la fecundidad: tuvo dos parejas de gemelas en 11 meses. Con tanta prole que criar, las vacas y las fincas ya no daban de sí. Su marido, Emilio Otero, se buscó un trabajo de vigilante jurado en la central térmica de Meiranna, en las cercanías de La Coruña. Trece años después, esa decisión les puede causar el desahucio de su casa y de las tierras que la familia de Emilio comenzó a cultivar en 1931, arrendadas por un amo de La Coruña. El Supremo ha ratificado que Otero no tiene derecho sobre las fincas, porque al buscarse un empleo ha dejado de ser "cultivador personal". "Esto es el feudalismo. Pero de aquí no nos van a sacar por las buenas", advierte Otero. Otras 3.500 familias del rural gallego viven en una situación similar, cultivando desde hace lustros tierras de inciertos señores.Emilio, de 40 años, cuenta que con mucha frecuencia se despierta por las noches sobresaltado. La imagen que le atormenta en sueños es la que tiene grabada desde 1991, cuando acudió junto a otras decenas de personas a Larín, una aldea del municipio coruñés de Arteixo, para tratar de impedir el desalojo de otro caseiro como él.
Ramón Vázquez, aquel labrador, se encadenó a una columna e imploró a la Guardia Civil y a los funcionarios del juzgado que no le arrancasen de su hogar. Salió a rastras con un ataque de histeria y aún tuvo que sufrir la humillación de pasar un par de días en la cárcel.
La estampa de Ramón Vázquez aferrándose con desesperación a una vieja casa y unas fincas conmovió a Galicia. Hasta los presos de la cárcel de La Coruña le trataron con respeto y consideración.
Y se removieron conciencias entre los políticos: el Parlamento gallego y el Congreso introdujeron reformas en la ley de arrendamientos rústicos para flexibilizar las condiciones de acceso a la tierra de estos colonos. También muchos propietarios ablandaron su posición. Xosé Ramón Cendán, dirigente del Sindicato Labrego Galego (SLG), calcula que desde los sucesos de Larín se han producido unos 300 arreglos amistosos.
Pero las reformas legales no afectan a Emilio y su familia, porque ellos ya entablaron hace mucho tiempo, en 1986, un contencioso para tratar de hacerse con la propiedad de las fincas del lugar Ardexurxo, en Abegondo (La Coruña). Todas las instancias, desde el Juzgado de Betanzos hasta el Supremo, el pasado 26 de febrero, han dado la razón a la propietaria, Josefa Caramelo, una anciana de La Coruña. Sólo el recurso de amparo ante el Constitucional podría evitar que quede el camino abierto para un posible desahucio.
Emilio no se va a rendir fácilmente. "Me he pasado la vida defendiendo a mi familia, y soy capaz de hacer cualquier cosa por ellos", proclama. Hace años trató de formar un sindicato con los caseiros de Galicia. "Nadie me hizo caso", recuerda. "Muchos decían que eso enfadaría a los amos. Si estuviésemos unidos, estas cosas no pasarían". Ahora se encomienda al SLG, una organización nacionalista muy influyente en el campo gallego.
En esa casa cuya propiedad se discute nacieron Emilio, sus 13 hermanos y sus 5 hijas. Su padre la reconstruyó en 1949, cuando se cayó de vieja. Dieciocho años antes había firmado el contrato con Pedro Caramelo, padre de la actual propietaria. Le cedieron la vivienda y cinco hectáreas a cambio de una renta anual de 100 ferrados (unos 1.300 kilos) de trigo. "En la época del hambre las pasaban canutas para reunir esa cantidad", asegura Emilio. El contrato especificaba que los propietarios "se reservan para sí una habitación en el piso de la casa, la que llaman cuarto grande".
Emilio heredó el arriendo a la muerte de su padre, pero no ha logrado cumplir el sueño de hacerse propietario de las tierras. Con Josefa Caramelo no fue posible un acuerdo, y los tribunales insisten, uno tras otro, en que ya no es cultivador porque tiene empleo estable. Él sostiene que, al trabajar en turnos intensivos de mañana tarde o noche, le queda tiempo para ocuparse de las labores agrícolas con la ayuda de su esposa.
3.500 casos
"Es justo que la tierra sea para quien la trabaje, pero este señor no es un labrador, no sabe ni cómo plantar una cebolla", afirma con rotundidad Antonio Platas, abogado de la propietaria. "Con todas las sentencias eso ya no se debería discutir. Este señor vive muy bien, tiene su empleo y la ley es clara al castigar la ausencia de las tierras".Platas desconoce si su cliente está dispuesta a llegar al desalojo, pero insinúa que la presencia de Emilio Otero en la prensa puede perjudicarle. "Después de lo de Larín, a nadie le gusta que salga su nombre por estas cosas", argumenta.
En toda Galicia hay unos 3.500 casos como el de Emilio, aunque la situación jurídica de cada uno es muy distinta. Existen señores, como el abogado coruñés Carlos Blanco-Rajoy, ex senador del PP y candidato autonómico por la agrupación Ruiz Mateos, que poseen aldeas enteras y decenas de colonos. En los últimos tres años, se han iniciado 500 nuevos expedientes de acceso a la propiedad, al margen de los acuerdos amistosos que se han cerrado.
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