Palabra de ministro

LA COMPARECENCIA del ministro del Interior, Anton¡ Asunción, ante los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso para informarles sobre los fondos reservados ha puesto de manifiesto, por si hacía falta, la necesidad de que exista algún tipo de control exterior sobre el uso y destino de dichos fondos. Las democracias han erigido complejos mecanismos de verificación precisamente porque la palabra de nadie, ministros incluidos, es garantía suficiente para dar por buena su gestión. Mucho menos cuando se trata de la de otros.Después de la polvareda levantada por la eventual asignación de una parte sustanciosa de esos fondos a sobresueldos y gratificaciones de la cúpula antiterrorista y de Interior, la comparecencia parlamentaria de Asunción era obligada y oportuna. Máxime cuando el anuncio del ministro de que, a partir de ahora, controlaría personalmente dichos fondos y su sibilina afirmación de que "en la actualidad los fondos reservados se utilizan para lo que indica la ley" más bien reforzaron la sospecha de una posible utilización irregular en el pasado.

Pero su explicación no fue suficiente. No porque haya que dudar de su palabra, sino porque en un sistema democrático la presunción de honestidad y buena fe de los gobernantes y administradores públicos en su gestión tiene que estar sometida en todo momento al escrutinio de los diversos mecanismos de control -político, legal, administrativo- propios de la democracia. La cuestión que se plantea es si los fondos reservados -esos 3.000 millones de pesetas que el Estado destina cada año al pago de confidentes y espías en aras de su seguridad- deben o no pasar también por ese tamiz.

La práctica totalidad de responsables políticos -tanto del Gobierno como de la oposición- han coincidido en que la obligada reserva del destino de dichos fondos no les exime de cierto control externo que garantice que no son desviados a fines distintos de aquellos para los que son librados. El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, ha propuesto la creación de una subcomisión parlamentaria, muy restringida, para llevar a cabo esa tarea, e incluso ha sugerido que, en caso de crearse, podría "tener capacidad para indagar el conjunto de actividad global a que se han dedicado los fondos reservados". Y el que fuera ministro del Interior en el primer Gobierno de Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, ha propuesto incluso un triple control: el administrativo, a cargo de un interventor del Estado; el de legalidad, por un magistrado designado por el Tribunal Supremo, y el parlamentario, en manos de la ya constituida Comisión de Secretos Oficiales.

Pueden arbitrarse muchas fórmulas de control, y de hecho existe una variada gama de ellas en los Estados democráticos, pero lo que no puede ser es que la palabra de ministro se convierta en la única garantía institucional que avale que los fondos reservados se usan legal y correctamente. Para ser mínimamente creíble, esa garantía debería acreditarse con otras pruebas que la palabra de honor ministerial. Es preciso, como mínimo, la intervención de una instancia exterior, en el sentido de ajena a la que dispone del poder de distribuir esos fondos.

La comparecencia parlamentaria de Asunción, respondiendo por sí y por su antecesor, José Luis Corcuera, con el exclusivo argumento de su palabra, sólo es admisible en clave informativa y de cortesía ante una comisión que no pregunta y que carece de capacidad para contrastar lo que le dicen. Pero no lo hubiera sido de producirse ante una auténtica comisión de control, con atribuciones definidas al respecto. Tras la comparecencia del ministro subsisten las mismas dudas que antes sobre si se pagaron o no sobresueldos a cuenta de los fondos reservados. Su palabra es digna de crédito, pero no tanto como para constituirse en garantía de gestiones ajenas.