La discriminación indirecta de la mujer es un reto para los juristas europeos, según los expertos

Hoy se celebra en todo el mundo el Día de la Mujer con el mismo objetivo que cuando comenzó a celebrarse a Principios de siglo: luchar, contra la desigualdad laboral y social entre hombres y mujeres. En 1994, a igual nivel de estudios y de trabajo realizado las españolas aún cobran, por término medio, un 20% menos que los hombres y su nivel de promoción profesional también es inferior. La discriminación indirecta existe, a pesar de que la legislación española sobre igualdad entre hombres y mujeres es una de las más avanzadas de Europa. Pero no todas las españolas hacen uso de los recursos a su alcance. Por ejemplo, pocas saben que si denuncian por trato injusto a un empleador es éste quien debe demostrar que no discrimina.

"En España hay discriminación indirecta y encubierta en la denominación de las categorías laborales, pero es en la oferta, la selección y el acceso al empleo así como en la promoción a puestos directivos donde el sexismo afecta más a las mujeres", dice la abogada Lucía Ruano, especialista en casos de discriminación laboral."La discriminación indirecta supone un reto para jueces y abogados. Los primeros deben ser sensibles a una nueva problemática, los segundos deben saber defender los casos" afirma el presidente del Tribunal Constitucional, Miguel Rodríguez-Piñero. Para este reto, pide la colaboración de los institutos y organizaciones que trabajan en temas de la mujer: "El concepto jurídico de la discriminación indirecta, importado de la legislación norteamericana, plantea dificultades que los juristas europeos tenemos que resolver: acceso a elementos estadísticos y de comprobación que no siempre están disponibles", añade.

En la Comunidad Europea se creó en 1981 un comité consultivo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y desde 1975 (cuando se planteó el Decenio de la Mujer), se han puesto en vigor seis directivas comunitarias, además de recomendaciones y resoluciones. El III Plan de Igualdad de la CE (en vigor hasta 1995) insta a los países miembros a que promuevan el acceso igualitario a la promoción profesional.

Con anterioridad a estas directivas europeas, ya en 1978 la Constitución española estableció que se prohíbe "toda clase de discriminación por razones de sexo", lo que incluye tanto la directa como la indirecta, y así lo interpretó el Tribunal Constitucional en 1991 al dictar una sentencia por la que se incorporó al Derecho español la definición de discriminación indirecta. Es injusto, pues, que "a un trabajo de igual valor se le dé salario diferente".

Inversión de prueba

Marina Subirats, directora del Instituto de la Mujer, cita "el logro" de lo que se llama "inversión de la carga de la prueba", incorporado a la legislación laboral en 1990 para denuncias por discriminación por razones de sexo. "Si, a pesar de que existan condiciones objetivas de igualdad con sus compañeros (titulación, experiencia ... ), una mujer considera que es discriminada por razones subjetivas, puede denunciarlo y tiene cauces para ello. Es el empleador quiene tiene que demostrar que no discrimina", explica Subirats.

"Ésta es una aportación progresista de la legislación española", dice la ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, que indica asimismo otras contribuciones legales: la definición del acoso sexual en el puesto de trabajo, la igualdad de hombres y mujeres en la edad de jubilación, la ampliación a 16 semanas del permiso de maternidad y la posibilidad de permiso de paternidad. En lo que respecta a la inversión de la carga de la prueba, la ley española estipula que el juez o tribunal podrá recabar el dictamen de los organismos públicos competentes. Así, la Inspección de trabajo, el Instituto de la Mujer y los organismos de igualdad que dependan de las comunidades autónomas pueden presentar un informe a petición del juez o tribunal, por su propia iniciativa o a instancia de la parte demandante.

"Queremos que todas las, mujeres sepan los derechos y las posibilidades de reclamar que tienen. Es precisamente por falta de información y por la falsa idea de que nadie les hace caso el que las mujeres españolas no acudan más a los tribunales -nacionales y europeos- por casos de discriminación laboral", dice Subirats.

"Hay que tener mucha sensibilidad hacia la igualdad de hombres y mujeres como para detectar casos de discriminación indirecta. El problema es que a veces tanto la persona discriminada como la que discrimina no se dan cuenta de la situación", indica la abogada Lucía Ruano.