La fatalidad de llamarse Manuel López Fernández
Un juez de Jaén subasta el piso de un algecireño al confundirle con un moroso
Nerja está a medio camino entre Algeciras (Cádiz) y Granada, donde reside la familia de Manuel López. Desde que compraron el apartamento por cuatro millones de pesetas, se han desplazado habitualmente hasta esta segunda residencia. Pero este año no ha podido ser así. A mediados de -octubre de 1993, el presidente de la comunidad de vecinos de la urbanización Alijara I de Nerja llamó alarmado a la casa de Manuel López en Algeciras:- ¿Has vendido el apartamento sin decirnos nada?
Manuel no entendía lo que le decían. Su convecino de Nerja continuó:
- Se ha presentado aquí un señor que dice ser el dueño de tu apartamento para que le demos de alta en la comunidad de vecinos.
La noticia les dejó atónitos. "Inmediatamente nos pusimos en marcha para ver qué había ocurrido. Fuimos al Registro y vimos con sorpresa el lío organizado en torno a nuestro apartamento", afirma resignado Manuel López. "Lo habían embargado, lo habían subastado y había pasado a otros dueños sin saberlo nosotros".
El origen del embrollo surgió cuando una persona de igual nombre y apellidos que Manuel López Fernández fue denunciado en 1991 por un vecino de Menjíbar (Jaén) a quien le debía 160.000 pesetas. El Juzgado número 4 de la capital jienense tomó interés en el asunto y, tras dilucidarlo, decretó el embargo del apartamento de Manuel López Fernández y lo sacó a pública subasta para hacer frente a la deuda, que ascendía -sumándole costas- a 290.000 pesetas. El hecho no se consumó ni en la primera ni en la segunda convocatoria judicial. Fue en la tercera. Un postor de Úbeda probó con 410.000 pesetas y por ese precio se convirtió en dueño del apartamento hasta entonces propiedad de Manuel López.
Manuel puso el asunto en manos de un abogado. Entretanto, sus convecinos de Alijara I, entre los que figuran cuatro familiares, redactaron una carata-denuncia para los medios de comunicación, la fiscalía, el Defensor del Pueblo andaluz y cuantas instancias pudieran intervenir para reparar "el flagrante error judicial cometido contra nuestro copropietario y amigo".
En la carta decían que Manuel, miembro de una coral polifónica y responsable de la planta de lubricantes de CEPSA en Algeciras, "es persona de intachable conducta personal y profesional que, sin embargo, ha sido desgraciadamente confundido con otra persona". "Es un increíble e incalificable error de la justicia que nuestro amigo haya sufrido el embargo y subasta de su vivienda, para atender a la deuda de esa otra persona que tiene el mismo nombre que nuestro amigo", añadía. Los vecinos se sorprenden en su escrito de que ocurra una situación tan extraña, a pesar de lo fácil que pueda parecer subsanar la "terrible confusión" contrastando el DNI de ambas personas para verificar su identidad antes de ejecutar un acto "tan importante como el embargo de una vivienda". Ocurre, se dice en el escrito, que ni el registrador de la Propiedad de Torrox (Málaga) -en el que está inscrita la casa- ni el titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Jaén se molestaron en comprobar la verdadera identidad del propietario de la vivienda.
Se quejan también de que la confusión se produzca "pese a haberse personado ante el juez, haber demostrado su identidad y aclarado la confusión producida". "El actual titular del juzgado, José Maria Cañadas Cle, ha dado por cerrado el caso", añaden, "sin permitir la intervención legal de nuestro vecino, privandole de la propiedad y disfrute de su vivienda; por el contrario, el señor juez ha permitido que, aprovechándose del erróneo embargo, se adquiera por sólo 410.000 pesetas una vivienda cuyo precio de mercado es aproximadamente de 10 millones y que -esto es lo trágico- tiene dueño absolutamente legítimo-. Cuatro meses después de que el Juzgado de Jaén cometiera tamaño error, la familia López Fernández ha recuperado las llaves de su apartamento. La mediación del Defensor del Pueblo andaluz, Manuel Conde Pumpido, logró el jueves -después de cinco horas de negociaciones en la fiscalía de Jaén- que Manuel y su esposa María Luisa volvieran a tener las llaves.
Pero no las tienen todas consigo; en el Registro se deberá hacer constar de nuevo que el apartamento ha vuelto a su dueño.
Los lectores que deseen exponer sus casos pueden enviarlos, documentados, en carta dirigida a El laberinto. Sección de España. EL PAÍS. Miguel Yuste, 40. 28037 Madrid.
Un millón de pesetas en trámites
El jueves pasado Manuel López Fernández estaba exultante. No podían creer ni él ni su esposa que después de cinco horas de negociaciones en la fiscalía de Jaén tuvieran en su poder las llaves del apartamento que un juez les arrebató por error.Daban las gracias a todos; al Defensor del Pueblo andaluz, Manuel Conde Pumpido, y a las partes involucradas contra su voluntad en el desgraciado incidente del apartamento. "Han sido muy generosos, tanto la parte demandante que dio pie al embargo como los que adquirieron legalmente nuestra vivienda. Todos teníamos intereses encontrados. Nosotros nada teníamos que ofrecer y mucho que aceptar", decía Manuel en la madrugada del jueves, desde la residencia de sus suegros en Granada. "Fueron unas horas interesantísimas que nunca olvidaré", comentaba Manuel en tono reflexivo y ponderado.
Ahora ya disponen de las llaves de su apartamento. El anterior propietario se limitó a cambiar las cerraduras. No llegó a usarlo al saber que compartía la propiedad con otro dueño tan legítimo como él. Los letrados y el propio Defensor del Pueblo se ocuparán de solicitar la nulidad de las actuaciones, pero queda delimitar responsabilidades.
Cuando se procedió a comunicar el embargo alguien firmó la recepción de la notificación. Manuel López no lo hizo; quien lo hiciera firmó en falso, pues se sabía ajeno a la propiedad del apartamento. Se ha comentado que el moroso al que se pretendió embargar estaba declarado en rebeldía. ¿Cómo entonces se procedió al embargo y subasta del apartamento? "Eso lo tiene que delimitar la justicia", afirma Manuel, "y a mí me tienen que resarcir del millón de pesetas que he gastado en trámites por un error que no sé quién cometió".
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