EL Gobierno interviene temporalmente la cooperativa PSV

El Consejo de Ministros decidió ayer intervenir temporalmente la cooperatíva PSV, de acuerdo con la petición cursada Ministerio de Trabajo la pasada semana por el juez que tramita la suspensión de pagos de la cooperativa de viviendas de UGT. El presidente del Gobierno, Felipe González, reiteró al término de la reunión del Ejecutivo que no habrá dinero públicopara el proyecto. Al mismo tiempo, el juez José Antonio Enrech nombró cuatro administradores que elaborarán el convenio de acreedores de PSV. Por otra parte, la gestora IGS confirmó ayer que el sindicato UGT ha cobrado 80.000 pesetas por cada vivienda de PSV en virtud de un contrato firmado en 1988 entre IGS y el sindicato. Varias asociaciones han mostrado su rechazo a pagar esa cuota.

El presidente del grupo de administradores nombrado ayer por el juez José Antonio Enrech, es el catedrático de derecho mercantil, Jesús Blanco. Como vocales actuarán Prudencio García (actual presidente de IGS); Javier Ledesma (vicepresidente de la Asamblea de Madrid) y Evaristo Caparrós (Banco Hipotecario). La intervención, que suspende la actuación de los órganos sociales de PSV (asamblea, interventores) agilizará la tramitación de la suspensión de pagos y facilitará la elaboración de un plan de viabilidad que, una vez se levante la intervención, deberá ser aprobado por los socios.En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Felipe González evitó en todo momento aludir al sindicato UGT y recalcó el interés del Gobierno en ayudar a que se construyan las viviendas. "Vamos a poner el máximo esfuerzo en que se cumpla el Plan de Viviendas y en apoyar técnicamente al equipo técnico nombrado por el juez" aseguró.

Preguntado por las relaciones económicas entre IGS-PSV y el sindicato UGT, González, tras recalcar que no conoce todavía las cuentas de la cooperativa, ni las dimensiones del posible agujero de PSV, manifestó que espera que los problemas de la cooperativa "hayan sido sólo consecuencia de coyunturas de carácter económico y no cuestiones de otro tipo".

Añadió que "han hecho la advertencia de rigor" de que "desde punto de vista del Gobierno central no hay dinero público para proyectos de este tipo".

Uno de los pocos precedentes de la medida adoptada ayer es la intervención de la cooperativa UTECO, en Jaén, un proceso que se prolongó durante siete años. La intervención de PSV finalizará "el mismo día en que el juez dicte auto de declaración del estado de suspensión de pagos de PSV". En la referencia del Consejo de Ministros se explica que 11 concluida la suspensión temporal, los socios podrán decidir, a través de la Asamblea General si aceptan el proyecto de viabilidad" que se diseñe para la construcción de las viviendas.

La intervención administrativa de PSV acaba con varios meses de polémica. La hipótesis se manejaba desde agosto. En la Administración existieron dos actitudes frente a la intervención. La primera, favorable a que, el sindicato UGT asumiera "completamente" su responsabilidad en PSV, la encabezó el vicepresidente del Gobierno Narcís Serra. Frente a Serra, altos cargos del Ministerio de Trabajo eran partidarios de una implicación más firme del Gobierno.

Desde el mes de octubre hasta ayer mismo, las dos opciones se encontraron en una fórmula de "intervención de hecho", plasmada en una comisión interministerial que supervisaría la escisión de la macrocooperativa en unidades más pequeñas. Pero las reiteradas peticiones de UGT, del juez de la suspensión de pagos, junto con el aumento de la tensión entre los socios, han propiciado una intervención "de derecho", conforme al artículo 152 de la Ley de Cooperativas.