Mejor no contaminar

LA MEJOR defensa frente a los residuos contaminantes es no producirlos. En muchos casos, esta estrategia no es un desiderátum que quede fuera del alcance de los procesos productivos; ponerla en práctica está en manos de quienes los dirigen, a condición de que se convenzan de 1 ' a necesidad de poner bienes y servicios limpios en los circuitos de consumo y de que no contemplen las inversiones exigidas sólo como costes, sino como un factor de crecimiento económico y de beneficios empresariales.Cuando los productos contaminantes se desparraman sobre la tierra y alcanzan los cauces de los ríos, la defensa apenas es ya posible. Es lo que ha sucedido con el desastre ecológico producido en tierras de Jaén y en aguas del alto Guadalquivir por la rotura de una balsa que contenía más de ocho millones de litros de alpechín, una sustancia altamente contaminante derivada del proceso de extracción del aceite.

Es posible que muchas personas hayan oído hablar por primera vez de esta sustancia al filo de esta noticia. Sin embargo, los problemas que plantea son tan viejos como el cultivo del olivar. Sólo que ha sido en las últimas décadas cuando se ha comenzado a tomar conciencia de los riesgos ecológicos vinculados a este peligroso residuo de una de las industrias básicas y con más futuro de Andalucía. Es decir, que sucesos como éste, además de la exigencia rigurosa de responsablidades, de conformidad con el principio de que quien contamina paga, plantean ante todo un esfuerzo de investigación y de inversión en la industria oleícola para eliminar de los procesos de extracción del aceite un residuo tan peligroso y de tan difícil tratamiento como el alpechín.

De momento, la panoplia de medidas sancionadoras -tanto de carácter administrativo como penal- se ha mostrado escasamente disuasoria ante los efectos contaminantes de la actividad económica e industrial. No sólo porque la cuantía de las multas la más fuerte es de 100 millones de pesetas es en muchos casos fácilmente enjugada en la cuenta de resultados de la empresa contaminante. También por que los daños son difícilmente evaluables y, por tanto, plantean serias dificultades a la hora de cuantificar la justa reparación económica. De otro lado, el burocratismo, la descoordinación administrativa y la pasividad de la justicia se dan la mano para que, con frecuencia, estas actuaciones contra el medio ambiente queden impunes. ¿Qué coste económico y qué sanción penal, si procediera, van a tener los responsables de la vigilancia y mantenimiento de la balsa cuya rotura ha arrasado tierras y olivos y contaminado las aguas que abastecen el consumo humano en las provincias de Córdoba y Sevilla?

De entrada, la sanción económica de 100 millones de pesetas inicialmente propuesta por la Junta de Andalucía no es firme. Corresponde al Consejo de Ministros la decisión final. Y en cuanto a las posibles responsabilidades penales, no se ve cómo podrán determinarse si el ministerio fiscal no actúa. Si se admite que atentados tan impresionantes contra el medio ambiente queden excluidos, en principio, del ámbito del delito ecológico, ¿qué sentido tiene mantener este delito en el Código Penal?

En cualquier caso, lo preocupante es que accidentes como el de Jaén puedan repetirse en el futuro si los tradicionales sistemas de extracción del aceite no son sustituidos por otros más limpios. Éstos existen, algunas industrias ya los tienen incorporados a sus procesos de producción y hay subvenciones públicas para favorecer este cambio tecnológico. Lo que hace falta es que esas ayudas sean suficientes y fáciles de obtener. Y que los industriales renuentes tomen conciencia de potencial riesgo que supone para el entorno natural la proliferación de balsas (sólo en Jaén existen 300 almazaras) repletas de millones de litros de una sustancia tan contaminante como el alpechín.

Y de la que, además, no es nada fácil desprenderse.