El Estado gastará 50.000 millones más que el pasado año en salarios de pobreza

O los casos de extrema pobreza se multiplican en progresión geométrica o hay fraude. Cristina Alberdi, ministra de Asuntos Sociales, lo dejó entrever ayer. La Administración, señaló, tiene previsto distribuir este año 154.000 millones de pesetas para paliar los casos de extrema pobreza: familias, ancianos o minusválidos con ingresos inferiores a las 32.635 pesetas mensuales. Pero la ministra estima que la partida será insuficiente. Alberdi indicó que se prevé un desvío al alza de 50.000 millones en esta partida para 1994. El desfase en 1993 fue de 30.000 millones.La partida alimenta el fondo destinado a las pensiones no contributivas, es decir, aquellas ayudas económicas puestas en marcha en 1990 para paliar la pobreza entre los sectores más desvalidos.

Cristina Alberdi, que presidió ayer en Barcelona una reunión con los consejeros de Asuntos Sociales de las 17 comunidades autónomas, advirtió del desajuste presupuestario, pero eludió considerar que sea como consecuencia de un presunto fraude por parte de los beneficiarios de estas pensiones. "No me atrevo a decir que exista, aunque no ha habido un seguimiento anual y es posible que las rentas de los beneficiarios hayan cambiado, por lo que hay que verificarlo", señaló.

Reparto del 0,5%

Alberdi indicó, asimismo, que el reparto de los fondos con cargo al 0,52% del impuesto sobre las personas físicas (IRPF), que este año será de unos 11.000 millones de pesetas, se hará "con criterios de máxima objetividad y transparencia". La ministra, que no quiso valorar los criterios utilizados por su predecesora, Matilde Fernández, criticada en numerosas ocasiones por favorecer en el reparto a organizaciones sindicales o políticas socialistas, indicó que las subvenciones se repartirán con criterios objetivos. Atendiendo, dijo, a los programas de actuación que presenten las organizaciones no gubernamentales, la infraestructura de que dispongan y su cobertura territorial, por ejemplo.La ministra precisó, en porcentaje, a qué colectivos se dirigirán los fondos: 25%, ancianos; 15%, minusválidos; 9,5%, inmigrantes, refugiados políticos y desplazados; 9%, infancia; 9%, juventud; 9%, mujeres; 7%, drogodependencias; 5%, gitanos; 3% para atención a enfermos de sida, e igual porcentaje para la reinserción de los reclusos. El 6% restante se distribuirá entre el fondo de emergencia, que en 1993 fue destinado a paliar los efectos de la guerra en la extinta Yugoslavia, y una acción de nueva creación: las planes de ayudas para familias desvalidas.