La Protección de la salud, un compromiso

La sanidad es una de las funciones más complejas que atiende el Estado. En esto parece que todos estamos de acuerdo. Antes, cuando se reducía al control de las epidemias, era una tarea infinitamente más sencilla, pero el problema se ha complicado cuando la Administración pública ha asumido la responsabilidad de asegurar la protección de la salud individual de cada ciudadano, y los avances científicos han puesto en manos de la medicina una enorme cantidad de recursos diagnósticos y terapéuticos.Hablar hoy de sanidad es, por tanto, hablar de una responsabilidad del Estado. Se puede también tratar la sanidad desde muchas otras perspectivas. Desde la ciencia, la clínica, la economía, la ética o la sociología. Todas estas áreas, y muchas otras, intervienen en la sanidad moderna. Pero, en razón de esta complejidad, parece conveniente partir del hecho de que la sanidad es, antes que nada y fundamentalmente, una cuestión de responsabilidad política. Y la política, en un Estado democrático, es un asunto de todos los ciudadanos. Por ello, por complejos que sean los problemas sanitarios, por múltiples que sean sus parcelas, estamos obligados a tratarlos de manera que todos podamos entendemos. "Todo lo que se puede decir, se puede decir con claridad", escribió Wittgenstein, y tenía razón.

La sanidad pública, como sistema de cobertura sanitaria universal, es una conquista básica del Estado de bienestar. Es elemento esencial de una política de protección social que nos permite seguir avanzando como sociedad en estabilidad, cohesión y seguridad.

La Constitución española reconoce, en su artículo 43, el derecho a la protección de la salud. La efectividad de este derecho requiere la actuación tutelar de los poderes públicos a través de medidas preventivas y una actuación directamente prestadora mediante la organización de los servicios necesarios.

La salud ya no es un fin del Estado que se impone a los ciudadanos a través de la "policía sanitaria", sino un derecho subjetivo que obliga a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para su efectividad.

Este cambio sólo ha sido posible con la afirmación constitucional del Estado social y la consiguiente superación de concepciones abstencionistas o pasivas sobre el papel de los poderes públicos.

El derecho a la protección de la salud está directamente vinculado al derecho fundamental a la vida, a la dignidad de la persona y a la mejora de la calidad de vida.

No sólo se tiene derecho a vivir: se tiene derecho a vivir sano, y la salud requiere que la vida de las personas discurra en condiciones adecuadas de calidad.

No se puede ser neutral frente al dolor, frente a la enfermedad.

La Ley General de Sanidad de 1986, al establecer el principio de universalización de las prestaciones sanitarias, ha proporcionado respaldo jurídico suficiente a las demandas de asistencia de los ciudadanos, en congruencia con el derecho fundamental a la protección de la salud. Con ello ha depositado en el sistema nacional de salud la responsabilidad de atender las solicitudes de asistencia sanitaria de los ciudadanos, las situaciones de enfermedad o de quebranto accidental de la salud, de forma que sea efectivo ese derecho.

En esta tarea todos debemos comprometernos.

Sólo desde la solidaridad que representa hoy un sistema público, universal y equitativo puede afrontarse el enorme coste que representa la asistencia sanitaria. Lo que se garantiza desde el sistema es nada menos que la igualdad en la salud. Y esa conquista es tan importante que debemos corresponsabilizarnos como sociedad en el objetivo prioritario de consolidar el sistema nacional de salud. Para ello hay que ofrecer soluciones a los problemas que hoy tiene planteados.

Los ciudadanos sufren listas de espera para ser atendidos, se quejan del funcionamiento de determinados servicios y de falta de información. El sistema tiene, además, un serio problema que afrontar: el control del crecimiento del gasto.

Tenemos que mejorar la información a los pacientes, evitar los fallos en el funcionamiento de los servicios que, cuando de la salud se trata, producen gran desvalimiento a quien los sufre y ser capaces de atender a los enfermos en tiempo razonable. Para conseguirlo hay que adaptar mejor la organización del trabajo a las necesidades de asistencia, aumentar la capacidad de los servicios y, todo ello, dentro del marco financiero disponible que es siempre limitado.

Es necesario ordenar mejor el sistema nacional de salud, definir sus objetivos y corresponsabilizar a todos en la correcta utilización de los recursos sanitarios; sean éstos una cama, una consulta o una receta.

En este sentido, el proyecto de definición de las prestaciones del sistema nacional de salud que ha iniciado el Ministerio de Sanidad y Consumo ya a ser un instrumento fundamental.

La definición positiva de las prestaciones sanitarias es, además, una garantía para la igualdad.

Es muy importante que cada persona sepa qué le ofrece el sistema nacional de salud para que sus expectativas se correspondan exactamente con sus derechos.

Es bueno que sepamos qué prestaciones hacen efectivo el derecho a la protección de la salud que el Estado garantiza. No todo lo que hoy ofrece la tecnología médica es generalizable en su aplicación. Se habla ya de la tercera revolución de la medicina para alertar sobre la necesidad de distinguir entre lo técnicamente posible y lo conveniente para cada enfermo en cada caso concreto.

Tampoco desde la solidaridad de un sistema público, universal y gratuito deben atenderse prestaciones que no guarden relación directa con la protección de la salud.

Seguir garantizando a todos los españoles la atención sanitaria en condiciones de igualdad, mejorar la calidad de la atención, reducir los tiempos de espera a plazos razonables dentro del marco financiero posible, es nuestra tarea en los próximos años.